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Costos fiscales de la reforma

Uno de los temas menos explorados de la reforma constitucional de las telecomunicaciones atañe a sus costos fiscales

Lunes 08 de Abril de 2013
 

 

Uno de los temas menos explorados de la reforma constitucional de las telecomunicaciones atañe a sus costos fiscales, es decir, a lo que tendrá que erogar el Estado para atender nuevas y numerosas obligaciones a su cargo.
 
Salvo que pretendamos regresar a los modelos fiscales catastróficos de los años setentas, los mexicanos debemos estar conscientes que cada nueva carga para el presupuesto federal debe estar correspondida con una manera adecuada y racional de sufragarla. Una de las características de gobiernos de supuesto corte social es prometer innumerables programas, proyectos y compromisos que representan enormes cargas financieras sobre el presupuesto sin que exista un buen sustento para cubrirlas. Tal demagogia ocasiona proyectos irrealizables o bien que se acuda alegremente al endeudamiento que pagarán las futuras generaciones. No podemos darnos el lujo de perder el manejo responsable que se ha dado a las finanzas públicas mexicanas en los últimos 18 años.
 
La reforma en telecomunicaciones contiene un catálogo enorme de novedosas obligaciones para el Estado, muchas de ellas con un impacto presupuestal considerable. Entre otras, se tiene: la creación de un nuevo organismo nacional de radio y televisión; dos órganos constitucionales autónomos (la nueva COFECO y el IFETEL); la operación por parte de Telecomunicaciones de México de una red pública de telecomunicaciones a nivel nacional (la de CFE, más varios satélites y otras capacidades); el apagón analógico nacional para fines del 2015; el desarrollo de una red nacional de telecomunicaciones al mayoreo en la que deberán participar varias dependencias y entidades; un programa de banda ancha en sitios públicos que deberá alcanzar cobertura universal; una política de inclusión digital que entre otras metas deberá proveer accesos de banda ancha al 70 por ciento de los hogares y al 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
 
Y la cereza del pastel: que el Estado haga el uso de la banda de 700 MHz mediante la instalación de una red nacional mayorista.
 
Casi todos los objetivos son loables y necesarios; el problema es que el salto cuantitativo propuesto se
 
financiaría casi exclusivamente con recursos públicos (hasta hay quien exige Internet gratuito para todos).
 
Existe un caso particularmente preocupante, el de la banda de 700 MHz, considerada a nivel internacional como la banda del espectro radioeléctrico más importante para el desarrollo de los servicios de nueva generación (4G), crucial para promover la innovación tecnológica y la competencia y que, en el caso de México, quedaría en manos del Gobierno. Hagamos una apretada síntesis de la problemática que derivaría de ello:
 
1. El Estado perdería no menos de 10 mil millones de dólares que le ingresarían si se licitaran las frecuencias (con los que podrían sufragarse otros programas);
 
2. Conservadoramente, el despliegue de la nueva red gubernamental tendrá un costo superior a los 100 mil millones de pesos;
 
3. También la operación de dicha red será muy costosa, y el Estado le transferirá todo el costo de su ineficiencia y falta de transparencia;
 
4. Cancela la posibilidad de promover la competencia entre los actuales y futuros operadores, lo que casi
 
impedirá que cambien las condiciones actuales de mercado;
 
5. Ata el avance tecnológico de las telecomunicaciones a la complejísima regulación común aplicable al ejercicio presupuestal federal;
 
6. El despliegue, operación y modernización de una banda clave para el desarrollo nacional quedará sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestales;
 
7. Cambia el modelo de país prevaleciente en México y el mundo sustentado en la competencia y en la asignación eficiente de costos entre los particulares, lo que lleva en alguna medida a un nuevo régimen de estatización.
 
Dos preguntas torales no han sido contestadas: ¿Cuál es la estrategia para la instalación, despliegue y operación de la nueva red?, y ¿Cómo se financiaría? Quizá en las consultas públicas que haga el Senado sepamos las respuestas, si acaso las hay.
 
 
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