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República Sitiada

El Primer Informe de Gobierno en el peor de los escenarios previsibles, en el centro de una crisis de gobernabilidad extendida y desgastante...

Viernes 06 de Septiembre de 2013
 

El Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se produjo en el peor de los escenarios previsibles, nada menos que en el centro de una crisis de gobernabilidad extendida y desgastante: mientras el Ejecutivo, acorralado en Los Pinos, rendía su mensaje a la nación haciendo de la mentira el único principio de su comunicación política; el país era sofocado por marchas, plantones, bloqueos y protestas capaces de transgredir los derechos y las libertades de terceros inocentes, incluidos los casos de 950 mil alumnos inscritos en 13 mil escuelas pertenecientes al estado de Oaxaca que han soportado los costos de la reforma con la suspensión del derecho constitucional de su educación pública. Los daños son cuantiosos y lamentables en tanto que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) resiste desde su embestida “insurgente”, buscando el apoyo de la sociedad que sistemáticamente ha violentado, marcharon rumbo al Senado de la República bajo la temática --#3SMXIluminemoslaNoche-- de una acción casi poética.

 

Se dice que después de una discusión de casi cinco horas --“se dice” porque en todo el proceso el Congreso ha tenido un papel de reparto-- la Cámara alta aprobó en lo general, con 102 votos, la Ley del Servicio Profesional Docente; último eslabón que después de la Ley General de Educación y la Ley del INEE completó la ingeniería institucional de una reforma que, según los esfuerzos de la costosa propaganda gubernamental, se ha propuesto “elevar la calidad educativa” de millones de niños y jóvenes que por necesidad acuden a las escuelas públicas. A la manera de una medida reactiva la CNTE nos ha preparado, desde las primeras horas de este miércoles, un suculento platillo de manifestaciones y bloqueos que seguramente “se servirá frío” en las calles y plazas de por lo menos 22 estados.

Pero ¿qué representan las marchas?, ¿acaso son un acto de legítima defensa o tan sólo la muestra de una barbarie singular? Y en ese mismo orden de ideas, ¿la aprobación de la reforma educativa supone o no la derrota de la CNTE?, ¿qué fue lo que enseñaron los maestros marchando?, y sobre todo, ¿se privatizará o no la educación pública en México?

Vayamos por partes: ninguna reforma constitucional, ni siquiera una modificación por más significativa que ésta sea de la reglamentación secundaria puede mejorar de inmediato el estado de la emergencia. La naturaleza intrínseca del sistema normativo --siguiendo una vieja idea de Carl Schmitt-- dice muy poco sobre quién implementará la norma. El sistema educativo nacional está viciado de principios, desde la formación de alumnos y profesores hasta la mecánica de ingreso, permanencia, transformación e incentivos del personal docente; en suma la legislación recién aprobada hace a un lado la convicción educativa esencial para situar a los profesores, tras la mecánica de la evaluación, en un terreno hasta ahora desconocido para ellos --pero absolutamente familiar para un trabajador no agremiado-- me refiero al campo de la inestabilidad laboral.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está derrotado, atrapado en las garras del oficialismo perderá para siempre la batalla de su subsistencia; la CNTE por su parte, en tanto exista como gremio organizado, intensificará su lucha reactiva y antisistémica consiguiendo, en el mejor de los escenarios posibles, la suspensión fáctica de una legislación federal en los estados donde la lucha de los maestros disidentes aún tenga significado.

 

En cuanto al problema de la privatización, el sólo hecho de plantearla y relacionarla con la reforma educativa nos lleva a un punto de completa incomprensión. Desde hace un par de décadas la gratuidad de la educación pública se ha desvanecido tras las cuotas “voluntarias”, aprobadas por las juntas de padres de familia y solicitadas de manera obligatoria por los profesores y directivos de todos los planteles educativos sin excepción; cada vez que se aborda públicamente el tema, la Secretaría de Educación Pública (SEP) responde premeditadamente que las contribuciones no son forzadas, que son recursos de los padres de familia --aunque se beneficien del reparto maestros y directivos--, y que no pueden ser auditadas ni fiscalizadas porque en estricto sentido no son dineros públicos, aunque estén subsidiando el mandato del artículo tercero constitucional.

En suma la bandera de lucha de los profesores de la CNTE es digna aunque la forma de su protesta sea reprobable; la Coordinadora lejos de estar derrotada está desacreditada frente a una sociedad que crítica abiertamente la protesta frente a más de un millón de alumnos víctimas, no sólo de los excesos del sistema educativo vigente, sino del abandono reciente por parte de sus propios profesores, los únicos que podrían haber hecho algo digno y encomiable por ellos. La privatización, por si alguien aún tiene el temor que la reforma opere algo ya existe, optará por la implementación de “contratos de utilidad compartida” entre organismos autónomos de evaluación, agencias prestadoras de servicios y líderes docentes. ¿Cuál fue entonces la lección de los profesores marchando? Exhibieron la fragilidad del orden político, comprobaron las ambiciones descaradas del Pacto por México, y de paso sitiaron a un Congreso que actuó como una oficialía de partes y no como un órgano político capaz de frenar y contrabalancear el poder presidencial.

Twitter: @EHuertaCuevas

 
 
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