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Peligran la libertad de expresión y privacidad

Si bien la libertad de expresión está (supuestamente) garantizada en los artículos 6º y 7º de nuestra constantemente quebrantada Constitución Política

Jueves 21 de Agosto de 2014
 

Sobra abrir este texto diciendo que el derecho a la libre expresión de las ideas y a la privacidad, tanto para profesionales como para cualquier mexicano, son fundamentales para seguir desarrollando nuestra paralizada democracia, algo que se ganó con verdaderas batallas ante poderosos políticos podría perderse en este sexenio a manos del mismo poder que se supone trabaja y representa al bien ciudadano y que ahora es el que nos está arrebatando tales derechos humanos fundamentales.

Es grave que para “trabajar” el gobierno mexicano atropelle derechos que son incuestionables en cualquier rincón de este planeta, ideas que la sociedad civil de otras naciones del mundo desarrollado toman verdaderamente en serio.
 
Si bien la libertad de expresión está (supuestamente) garantizada en los artículos 6º y 7º de nuestra constantemente quebrantada Constitución Política, también lo está en otros documentos que México firmó hace años como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Desde el sexenio de Felipe Calderón y ahora en continuación con Peña Nieto en nuestro país su práctica se dificulta debido a la nula voluntad y a la falta de una firme respuesta por parte del Estado para proteger esta garantía ente la prácticamente omnipresente violencia que prevalece en México desde hace ya varios años.
 
En México hay violaciones a la libertad de expresión que fácilmente podemos demostrar tan solo con contabilizar las agresiones y asesinatos que sufren nuestros periodistas y medios prácticamente todos los días. Muchas veces son los funcionarios públicos quienes persiguen a los comunicadores, lo cual es todavía más peligroso porque un requisito para considerar a una nación democrática es precisamente que el Estado garantice el libre ejercicio de la prensa y defienda la libertad de expresión, pero si en lugar de ello tenemos que la autoridad es quien comienza a perseguir a las voces críticas el panorama se vuelve negro, espinoso, incierto e inseguro.

No olvidemos que la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones autoriza abiertamente monitorear las conversaciones digitales, o bien la llamada “Ley Mordaza” en Sinaloa prohibía a periodistas y fotógrafos ir a un lugar de los hechos; lo que quería el gobierno de ese lugar era darles un comunicado para que la información “oficial” fuera la que se difundiera.
 
Ante la “sutil” violencia del Estado, o las incontrolables agresiones del narco y del crimen organizado, el gremio periodístico ha optado por la autocensura como un mecanismo de supervivencia; los representantes de los medios están utilizando el silencio para proteger su propia vida y la de sus seres cercanos. Sólo por mencionar ejemplos de conocimiento público, ahí está el caso de intimidación que sufrió Denisse Dresser por publicar en el periódico Reforma una información de inicio dada a conocer en Estados Unidos en el periódico The New York Times, donde se revelaron averiguaciones de inteligencia que aseguran que el priísta Manlio Fabio Beltrones protegió a narcotraficantes cuando fue gobernador de Sonora.

Un ejemplo más fue protagonizado hace unos días por parte del legislador perredista Ricardo Monreal quien por enojo llamó “chayotero”, “vendido ante presidencia” y “vulgar manipulador” al periodista de MVS Luis Cárdenas sólo por las críticas de este, mostrando una total intolerancia hacia quienes opinan diferente o sobre su trabajo que, por cierto, es en la administración “pública” federal, si no quiere ser criticado que no trabaje para organismos públicos y que no viva de recursos que son públicos.
 
En México llevar a la práctica un derecho tan elemental como la simple expresión de una forma de pensar ha sido visto por parte de criminales y políticos como una amenaza a sus intereses, por ello opinar o comunicar ya se considera una actividad de riesgo para quien la ejerce, ya sean profesionales o ciudadanos. La recién aprobada Ley Telecom atenta directamente contra la libertad de expresión y contra el derecho a la privacidad.

La maquinaria del gobierno federal priísta (y de los políticos diferentes al PRI que la aprobaron) ha hecho un despliegue de propaganda masiva en medios de comunicación cacareando los innegables beneficios de esta Ley como la eliminación de cobros por el uso de la larga distancia, que ya no se cobrará por consultar el saldo del teléfono celular o que sólo se pagará por los segundos utilizados prohibiendo así a las operadoras redondear los minutos, sin embargo y obviamente, no han hablado de las cláusulas que aprobaron y que violan la propia Constitución y la legislación del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
 
¿Cuáles son las violaciones en las que incurrieron nuestros políticos, quienes por cierto se aprueban bonos “por trabajar mucho para aprobar leyes”? pues echaron a andar un sistema de vigilancia masiva en contra de la gente y permitieron a Televisa comprar más medios para hacer crecer su monopolio, la recientemente anunciada compra de Cablecom por parte de la televisora evidencia que Azcárraga ya tiene 60% del mercado de televisión de paga ¿eso es combatir los monopolios? ¿los políticos cuidan los intereses del ciudadano o de empresas que ayudan a fabricar candidatos presidenciables?
 
El problema de permitirle a Televisa tanta concentración en medios (junto a su socio Iusacell) es que al usar su tecnología para, por ejemplo, navegar en internet nos exponemos a ser espiados por esa empresa, lo cual vulnera nuestra privacidad y seguridad, corriendo peligro por el “grave delito” de manifestar nuestras ideas. Solo algunos legisladores, académicos expertos, organizaciones nacionales e internacionales señalaron los riesgos de aprobar esta ley así como la aprobaron, sin embargo los legisladores ignoraron los derechos de la mayoría y aun así le dieron luz verde.
 
Tal vez el punto más riesgoso de este espionaje masivo es que la corrupta policía que tenemos puede pedir a las empresas la geolocalización en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, las conversaciones escritas y/o habladas, así como solicitar el bloqueo de la señal del aparato de prácticamente cualquier persona. Así las cosas, la autocomunicación de masas y el intercambio PRIVADO de datos (aspectos fundamentales de nuestra era digital) corren un grave peligro en este país. El sello del regreso de este PRI es la vigilancia y el control, el secuestro de datos y de información que pueden ser utilizados para silenciar a comunicadores y críticos, autocensurándose así la libre manifestación de ideas y de pensamientos de ciudadanos, blogueros, ciberactivistas o de la creciente protesta social que hemos experimentado.
 
Me resulta incomprensible que los ciudadanos en general, pero más de los profesionistas de este país, es decir, quienes tienen estudios superiores, no alcancen a comprender la importancia que tiene el hecho de que nuestro gobierno hace lo que esté a su alcance para obligar al silencio, y que además se otorgue a sí mismo, de manera abierta y descarada herramientas que espíen a cualquiera. Eso ocurre en países en guerra, en dictaduras o naciones totalitarias, en teoría México no es nada de ello, pero la práctica dice todo lo contrario. “Moviendo a México, pero hacia atrás”.
 
Twitter: @misael_mora_t

 
 
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