¿Es extorsión cobrar 300 pesos por ambulante? La respuesta es sí, porque el Ayuntamiento de Puebla no ingresa el dinero mensual que la organización popular 28 de Octubre recibe por cada puesto informal que se extiende desde Plaza San Pedro hasta la CAPU.
Un comerciante que omite su nombre por temor a represalias revela a Contraréplica Puebla que los pagos a la organización de los vástagos de Simitrio son innegociables. La cuota es fija dependiendo el tamaño del negocio, desde 80 centímetros la parte frontal hasta tres o cuatro metros cuadrados de extensión.
Los encargados de recoger el dinero son caras conocidas entre los ambulantes. El interesado en ofrecer su mercancía en los dominios de la 28 de Octubre debe recibir autorización, de lo contrario, sus días de venta están contados.
La recaudación es mayor cuando los puestos son fijos y cuando la organización popular celebra aniversario. La cuota es doble: 600 pesos, nadie puede o debe negarse a financiar la pachanga del Mercado Hidalgo.
Hay negocios que están acostumbrados a las extorsiones silenciosas, cuya solvencia económica les permite cubrir la mensualidad, aunque temporalmente el módulo de venta se mantenga desocupado; un lujo que no pueden darse los puestos de papas, ropa o comida.
¿Crees que la agrupación reparte moches a funcionarios municipales? –pregunto al entrevistado– y responde: “claro que sí, a todos los gobiernos les entregan una tajada de lo que nos cobran o ya hubieran ido contra ellos sin importar su agenda política”.
Y continúa: “Me indigna, no debería suceder en ningún lado este control comercial que ejercen sobre nuestro trabajo diario, son dueños de la calle, el único espacio que encontramos para llevar alimento a la familia”.
La agrupación 28 de Octubre se ha fortalecido tanto como Antorcha Campesina, con gran capacidad de respuesta para intentar frustrar la detención de dos presuntos extorsionadores del transporte público. Si la policía no se hubiera reagrupado rápidamente, el escenario de confrontación era posible, a pesar de los disparos al aire que dejaron herida a una uniformada.
Otros focos rojos en esta metrópoli son los viejos barrios de San Antonio y Santa María. Los comerciantes son asediados por delincuentes que cobran las denominadas cuotas de protección, pagan por su integridad física y/o patrimonial. No importa si el negocio es grande o pequeño, todos pasan por la báscula de los malvivientes.
Ahora que el Gobierno del Estado y los alcaldes de la zona metropolitana han reforzado sus lazos de colaboración en materia de seguridad pública, no pueden permitir más extorsiones a la actividad comercial.
Cortar los tentáculos de la delincuencia y organizaciones sociales que lucran con la necesidad de la gente se vuelve imperante para recuperar la legalidad que ha perdido Puebla.
Por: Patricia Estrada
Editor: Guillermo Castillo
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