Por Vera Fernández
Debido a los 14 casos de ataques con ácido registrados en México, en la Cámara de Diputados se impulsa una iniciativa para reconocer las lesiones con sustancias corrosivas como un delito penal en todo el país, así como sancionar a los agresores hasta con nueve 16 años de prisión.
La propuesta, presentada por la diputada federal de Morena, Julieta Vences Valencia, plantea modificar la Constitución Política de México, el Código Penal federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de realizar reformas integrales.
Acompañada de María del Carmen Sánchez y Esmeralda Millán, mujeres víctimas de ataques con ácido, la legisladora por el distrito 8 de Chalchicomula de Sesma indicó que el objetivo es generar un marco legal para que los responsables puedan ser procesados y enjuiciados.
En rueda de prensa, subrayó que a pesar de que ese tipo de agresiones ocasionan daños permanentes en la vida y dignidad de las víctimas, las conductas no pueden ser denunciadas con facilidad debido a que no están tipificadas penalmente, lo que abre paso a dejar en la impunidad a los agresores.
Por su parte María del Carmen Sánchez, quien sufrió un ataque con ácido hace más de seis años, informó que en México se tienen registrados 14 casos de mujeres agredidas con sustancias corrosivas, de las cuales, uno se reportó en Puebla y tres más concluyeron en feminicidios.
Mencionó que su caso particular fue tipificado en primera instancia como “lesiones que tardan menos de 30 días en sanar” por parte de las autoridades ministeriales; además de que su agresor continúa libre pese a que ya existen órdenes de aprehensión en su contra.
La iniciativa de la diputada Vences Valencia, en conjunto con Erwin Jorge Arrizaga Uribe, legislador federal de Baja California, está en espera de ser dictaminada en comisiones, para que posteriormente pueda ser votada por el Pleno del Congreso de la Unión.
En ese sentido, hicieron un llamado al Congreso de Puebla y al resto de Poderes Legislativos del país para avalar las reformas una vez que les sean turnadas, ya que entre éstas se contempla una reforma constitucional para garantizar que los jueces otorguen prisión preventiva a los responsables.
