Acusan habitantes de Huaquechula contaminación de ríos

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En rueda de prensa, Maribel Laureno Castillo acusó que desde hace 3 años la granja propiedad de Javier Camargo Gallegos se instaló en la comunidad de Santa Cruz Yancuitlalpan

Por Alejandra Olivera

Habitantes de Huaquechula acusaron la contaminación de ríos por las descargas residuales de la granja porcina Santa Ana, así como la extracción irregular de mármol en un cerro de la comunidad, promoverán amparos, pues sospechan que ambos proyectos se deben a intereses económicos particulares de funcionarios.

En rueda de prensa, Maribel Laureno Castillo acusó que desde hace 3 años la granja propiedad de Javier Camargo Gallegos se instaló en la comunidad de Santa Cruz Yancuitlalpan sin que hasta el momento hay presentado los permisos correspondientes.

Desde ese entonces, dijo, arroja los desechos de porcinos a los desagües naturales de temporada de lluvia contaminando el agua que utilizan para riego y crianza de animales, causado que plantas y animales mueran.

“Él dice que puede tirar sus desperdicios en las barranquillas, que así llamamos a los desagües de temporal, porque dice que son federales, pero no debe tirar aguas negras”, expresó.

Añadió que el agua contaminada llega a los ríos que son rodeados por viviendas donde ya se formaron charcos de agua sucia, generando un foco de infección para la comunidad de unos 150 habitantes.

Por su parte, Ariana de Jesús Ramos denunció que desde abril de 2019 se lleva a cabo la extracción de mármol irregular en el cerro Zusmillo o San Pablito bajo el amparo del presidente municipal Ciro Gavilan Ramírez quien brindó el permiso de manera verbal al empresario Juan González Rojas, pero cuya empresa no se ha identificado ni mostrado las autorizaciones estatales y federales.

Aseguró que no existe la Manifestación de Impacto Ambiental (MÍA) o el permiso de cambio de uso de suelo, además acusó que por la oposición a la minera recibió amenazas, por lo que la CNDH dictó medidas cautelares a su favor.

Añadió que se desconoce el número real de excavaciones y del material extraído, pese a que en septiembre pasado el edil prometió que no se realizaría ningún tipo de extracción hasta que se definiera a quién pertenecía el sitio explorado.

Por lo anterior, buscarán promover amparos para frenar ambas prácticas que afectan a habitantes del municipio que no cuentan con aval del Cabildo y violan la Ley de Equilibrio Ecológico que implica los tres niveles de gobierno, lo que sustentarán con solicitudes de información a las dependencias de Medio Ambiente estatal y federal.

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