Aprueban prisión preventiva por huachicoleo y delitos electorales en México

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La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña, cuestionó temas como por qué el feminicidio no es considerado como delito grave. // Foto Internet

Por Redacción

El Senado de la República aprobó en lo general, con 56 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, al Código Nacional de Procedimientos Penales para aplicar la prisión preventiva oficiosa para delitos como crímenes electorales, robo de hidrocarburos, portación ilegal de armas y de pistolas de juguetes para delinquir, desaparición forzada y tráfico de totoaba.

“No es si debería existir o no la prisión preventiva, sino legislar para precisar los delitos al que alude para efectos de la prisión preventiva oficiosa”, mencionó el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera.

De acuerdo con Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, la prisión preventiva divide no sólo al Pleno, sino al interior de los grupos parlamentarios, porque no hay consenso, pues considera que mientras que algunos ven el fortalecimiento otros ven el debilitamiento de derechos fundamentales.

La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña, cuestionó temas como por qué el feminicidio no es considerado como delito grave o el usar programas sociales para hacer proselitismo.

“Hay muchos delitos graves que se han cometido en este país, tengo la fortuna de estar en esta tribuna después de tantos años. He estado cerca de mi pueblo, el pueblo clama justicia y quiere en la cárcel a los de cuello blanco y aquí hay muchas y muchos bandidos, ratas, sátrapas, cínicos, sinvergüenzas”, expresó al defender al exfuncionario Emilio Lozoya.

De acuerdo con los senadores se impondrá una pena de 37.5 años de prisión a quien o quienes dolosamente extraigan hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos sin derecho y consentimiento de contratistas, asignatarios, permisionarios o distribuidores.

La portación ilegal de armas de uso exclusivo para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea será sancionada con prisión de 4 a 7 años y de 4 a 8 años cuando la posesión sea de más de 5 cargadores.

Será castigado con prisión de 4 a 9 años a quienes hagan uso de recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales con intención de influir en el electorado.

Al servidor público o el particular que prive de la libertad en cualquier forma a una persona u oculte o niegue a proporcionar información del paradero de la persona detenida en cuestión, se le impondrá prisión preventiva oficiosa.

Para el tráfico de totoaba será sancionado con una pena de 5 a 15 años de prisión y 3 mil a 6 mil días de multa.

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Con información de Milenio