Por Vera Fernández
Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente de Antorcha Campesina en Puebla, calificó el bloqueo de sus cuentas bancarias como una “injusticia”, al asegurar que la estructura financiera de la organización es completamente legal y pública, además de que no solicitan aportaciones de sus simpatizantes.
Aunque evitó explicar el origen de sus recursos económicos, el líder rechazó las acusaciones que lo vinculan a un supuesto manejo de millones de pesos de procedencia ilícita, por lo que denunció una persecución política en contra suya y de su esposa, Soraya Córdova Morán.
En rueda de prensa virtual, se dijo víctima de una campaña de linchamiento y represión orquestada por los gobiernos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo que atribuyó a su caída en las preferencias electorales, así como al fortalecimiento de Antorcha Campesina sin recibir “dádivas”.
“Muchas organizaciones viven de las dádivas del gobierno, por eso cuando cambian los gobiernos desaparecen o se debilitan. Antorcha se ha vuelto autosuficiente y no nos hemos debilitado, al contrario, nos hemos fortalecido”, comentó.
Por su parte, Brasil Acosta Peña, diputado federal y dirigente en el Estado de México, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se está extralimitando en sus funciones, ya que inculpan a integrantes de la organización antorchista por delitos no comprobados en las fiscalías locales.
