¿Qué hacer ante los carnavales de huehues y frente a todos los despropósitos que, en aras de usos y costumbres, cometen algunas cuadrillas de estos pictóricos personajes desde el municipio de Huejotzingo hasta la junta auxiliar San Baltazar Campeche, en plena capital de la entidad? Paola Angón, al frente el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, ideó una solución francamente salomónica: por unanimidad de votos la comuna declaró Ley Seca a lo largo y ancho del carnaval.
La máscara, el atuendo y las plumas no pueden ser una licencia para que, al calor de las caguamas –y de los estupefacientes–, estos personajes amparados en el anonimato de la tradición, cometan impunemente un increíble número de faltas administrativas e incluso delitos de consideración: ingerir bebidas alcohólicas en plena vía pública, trasiego ilegal de pólvora, connatos de violencia, cierre ilegal de calles y avenidas –incluyendo arterias principales de comunicación–, por no hablar del robo de energía eléctrica que suponen los toquines que sobrevienen al acto ritual de las danzas; por citar sólo una parte del decálogo de vejaciones reprochables que ocurren en plena temporada de carnavales.
Las tradiciones, máxime una que está inscrita en el estándar occidental de la explosión de la carne anterior a la Semana Santa, deben celebrarse en sana convivencia pues nada que transgreda la norma jurídica es digno de conservarse. Los municipios de la zona metropolitana tienen que enfrentar el reto, justo como lo hizo San Pedro Cholula, de civilizar a los huehues pues, sólo de esta manera, se expurgará el vandalismo pueblerino y reprochable de una tradición digna de preservarse.
¿Se atreverán las comunas de San Andrés Cholula, Cuautlancingo e incluso Puebla capital a suspender la venta alcohol en los locales y establecimientos de ocasión? El acto del buen gobierno transciende el uso propagandístico de eventos y festivales, diseñados para agradar y convencer; gobernar en algunas ocasiones implica ir en contra de los deseos del electorado. Esperemos que, por concurso de los ayuntamientos, exista sentido de responsabilidad pública y límites a la impunidad en la zona metropolitana; de lo contrario prepárese para el carnaval de atrocidades que se viene, sobre todo en las juntas auxiliares.
VERIFICACIÓN A LA MEDIDA
Y a propósito de normas: tanto peca la dureza jurídica como el desacato manifiesto. No quiero dejar pasar la nota de la flexibilización de la verificación vehicular en la entidad, prueba fehaciente de que en Puebla tenemos un gobierno empático, que sabe escuchar sin comprometer sus objetivos inmediatos.
Después de la prerrogativa administrativa concedida a los grandes concesionarios del transporte público, la pregunta ya es consigna: ¿ahora qué pretexto van a poner, los señores del transporte, para no cumplir con los estatutos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)?
Olvidémonos por un momento de la ruta 3 o de la 76, ¿quién ha visto asomarse por los verificentros del estado a las pipas del vital líquido que han hecho del Periférico y la Recta Cholula su trayecto de todos los días? Esperemos que al menos los piperos se acerquen con las nuevas medidas ambientales.
Por Enrique Huerta
