A cuatro meses de que se presentaron dos iniciativas para reconocer la violencia vicaria en Puebla, el Congreso del Estado todavía no ha cabildeado las reformas entre las distintas bancadas, ni tienen fecha de discusión.
Así lo reconoció la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, quien señaló que el tema ha sido aplazado desde el mes de enero, ya que hasta el momento continúa en la “congeladora”.
Este martes en entrevista, la legisladora dijo estar dispuesta a recibir a las madres que se manifestarán mañana 11 de mayo para exigir que el Poder Legislativo acelere la aprobación de las propuestas.
En ese sentido, admitió que resulta urgente contar con un marco legal que proteja a las mujeres que sufren violencia vicaria por parte de sus exparejas sentimentales, quienes utilizan a sus hijas e hijos como un canal para causarles daño.
Sin embargo, refirió que todavía no han generado los consensos necesarios para que las reformas salgan por unanimidad, ni cuentan con algún calendario para que se lleve a cabo su discusión, aunque no especificó las razones del retraso.
“Todavía no tenemos fechas, desafortunadamente no depende todo de nosotras que proponemos la iniciativa, pero tenemos que sacarla de una manera consensuada”, comentó la panista.
Fue en el mes de enero cuando las diputadas Aurora Sierra y Mónica Silva Ruíz presentaron dos iniciativas para reconocer la violencia vicaria como un tipo de agresión contra las mujeres en el estado de Puebla.
A través de las propuestas, ambas legisladoras plantearon reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de visibilizar, atender, erradicar y sancionar dicha problemática.
Además, la iniciativa de Silva Ruíz incluye modificaciones integrales a la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar; la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; así como reformas al Código Civil y Código Penal del Estado.
Entre las sanciones por violencia vicaria, la diputada del Partido del Trabajo (PT) propuso penas que pueden ir desde cinco hasta 14 años de prisión; además de 26 hasta 66 años de cárcel cuando el agresor incurra en el homicidio de sus hijos con tal de causarle daño a su pareja o expareja sentimental.
Por: Vera Fernández
Editor: Guillermo Pérez Leal
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