Nadie podría negar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido un contrapeso eficiente de la 4T. Ante las amenazas autocráticas de un hombre que se escuda en una amplia mayoría en el Congreso de la Unión, que le permite reformar las leyes para malversar la Constitución, la decisión colegiada de once ministros que responden a un poder aristocrático y conservador, reactúan sobre los apetitos pasajeros del “demos” protegiendo a la Constitución para mantenerla dentro de los límites de la misma.
No obstante, a pesar de la invalidación de la adscripción de la Guardia Nacional al ámbito de competencia de la Sedena; la militarización de la seguridad pública en México permanecerá inalterada. No olvidemos el decreto publicado desde el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que, a la letra dice:
«Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura (…) el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria».
Y, sin embargo, los militares desde el sexenio de Felipe Calderón, una política de seguridad interior que la 4T no se atrevió a interrumpir, han cooptado el espacio público siendo responsables de la violación sistemática de innumerables derechos fundamentales; bastaría con revisar el número de recomendaciones emitidas por el CNDH a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina al año siguiente a “la declaración de guerra al narcotráfico”: durante 2008 el ombudsperson emitió 10 recomendaciones por desapariciones forzadas, torturas, cateos y detenciones arbitrarias perpetuadas por “el pueblo uniformado”. Un número para nada lejano a las seis recomendaciones que en 2019 –el primer año del sexenio de López Obrador– se interpusieron ante los mismos actores casi por las mismas causas.
El desarrollo de la militarización nacional es presa de una línea creciente pues, con Guardia Nacional a cargo de la Sedena o de la Secretaría de Seguridad Pública, los homicidios registrados por el Secretariado Nacional de Seguridad Pública están dentro de una escala escalofriante: 34 mil 718 en 2019, 34 mil 563 en 2020, 33 mil 350 en 2021 y 30 mil 968 en 2022. En efecto, atravesamos en cuerpo y alma el sexenio más sangriento de la historia.
¿Pero existe una contracción en la incidencia delictiva? Se trata de una ficción estadística. Tan sólo, durante 2022, la misma fuente ha documentado 947 feminicidios acompañados de 23,103 carpetas de investigación –un récord histórico– en violaciones perpetuadas –la mayoría– impunemente. Los datos de las consignaciones son tan exiguos que contrastan con el bochornoso dispendio destinado a la Guardia Nacional que asciende, para este 2023, a un presupuesto de 34 mil 500 millones de pesos. Curiosamente, en ese ultimo rubro, nadie se atreve a hablar de “austeridad republicana” en Palacio Nacional.
P.D.
No deja de ser revelador que el presidente López Obrador, en respuesta al fallo de la SCJN, haya optado por militarizar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al empecinarse a que el general David Córdova esté al mando de la Guardia Nacional.
¿Quién diría que el primer presidente de “izquierda”, electo democráticamente, resultaría más militarista que todos los sexenios del PRIAN juntos? Estoy seguro que Díaz Ordaz acaba de esbozar una ligera sonrisa desde el pedazo de infierno en el que se encuentra.
Por Enrique Huerta
