Declara SCJN constitucional consulta para enjuiciar a expresidentes

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Se necesitaban al menos seis de los once votos posibles para aprobar la constitucionalidad de la consulta popular. // Foto Internet

Por Redacción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la solicitud que planteó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para someter a consulta popular si se juzga a cinco exmandatarios por casos de corrupción.

Durante la sesión de este jueves, seis ministros votaron en contra del proyecto de resolución de Luis María Aguilar Morales, quien había declarado inconstitucional la materia de consulta que envió López Obrador. Por lo tanto, avalaron el ejercicio planteado por el jefe del Ejecutivo.

Se necesitaban al menos seis de los once votos posibles para aprobar la constitucionalidad de la consulta popular.

Tras aprobar la solicitud de López Obrador, los ministros continuarán con la discusión sobre una posible reformulación de la pregunta planteada en el proyecto de referéndum.

El ministro presidente Arturo Zaldívar, quien votó en contra del proyecto de Morales y declaró constitucional la consulta popular propuesta por López Obrador, argumentó que es deber de la SCJN maximizar el derecho de la ciudadanía a este medio participativo “de gran alcance”, incluyendo a personas que usualmente son excluidas del debate.

Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez también votó a favor de la solicitud del jefe del Ejecutivo, aunque sugirió reformular la pregunta formulada por López Obrador para enjuiciar a sus antecesores. En este aspecto coincidió Alberto Pérez Dayán, quien tildó de “inquisitoria” la interrogante formulada, aunque dijo que la consulta popular era “válida constitucionalmente”.

En tanto, los ministros Javier Laynez y Norma Piña se posicionaron por la inconstitucionalidad de la materia de consulta del presidente mexicano.

Laynez argumentó que “la justicia no se consulta”. Esto debido a que la pregunta formulada por López Obrador en la solicitud del referéndum pone a consideración de la ciudadanía si se debe investigar y sancionar o no la presunta comisión de delitos cometidos por sus antecesores.

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