#DelReportero | Presidencialismo

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En la madrugada de ayer miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas que establecen las bases de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se aprobaron en lo general con 305 votos, 97 en contra y 62 abstenciones, en una sesión con más escándalos que trabajo legislativo, en la cual la oposición recriminó otorgar amplias facultades al futuro Ejecutivo federal.

Además de la integración de la nueva Secretaría de Seguridad, también criticaron el poder otorgado a los llamados “superdelegados” para las entidades federativas, pues no solo tendrán la función de supervisar la aplicación de los Programas para el Desarrollo, sino que además participarán en las reuniones de seguridad pública en los estados como secretarios técnicos.

De acuerdo a la nueva legislación, la coordinación de los delegados estará bajo el mando directo del presidente de la República.

La ley aprobada señala que su adscripción: “el Ejecutivo federal contará con delegaciones que coordinarán los Programas para el Desarrollo Integral; la Coordinación General estará adscrita jerárquicamente a la Presidencia de la República; las delegaciones de programas para el bienestar estarán adscritas a la Secretaría de Bienestar; sus titulares serán designados a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo”.

El conflicto fue tal que, durante la discusión en lo general, diputados panistas y morenistas casi se lían a los golpes.

Cuando la panista Adriana Dávila desde tribuna llamó dictador a López Obrador, sus compañeros de bancada colocaron cajas, con forma de regalo y moños blancos.

“Hoy, en el cumpleaños del presidente electo, su bancada sumisa quiere darle este regalo, una nueva Ley de la Administración Pública Federal.

“Le están concediendo autoritarismo, corrupción, control, irresponsabilidad, ignorancia y demasiada soberbia”, expresó Dávila.

Y cuando vino la votación en lo general, los panistas ocuparon la tribuna y desplegaron una gran manta con la leyenda “#NoALaDictaduraObradorista”, con la imagen del presidente electo con una boina roja, como las que usaba el venezolano Hugo Chávez.

Los morenistas respondieron con votos y con su mayoría y sin la presencia de sus opositores establecieron una nueva Ley de la Administración Pública Federal que le da facultades extraordinarias al presidente de la República y advierte de la consolidación del sistema presidencialista que pensamos estaba rebasado.

Rogelio Muñiz Toledo, abogado en un reciente artículo titulado “¿Nuevo presidencialismo mexicano?” publicado en Aristegui Noticias advertía de ciertos riesgos con la esperanza de que ello no sucediera y la Cuarta Transformación establezca un régimen democrático y apegado a las normas.

“Las reformas al sistema presidencial, en particular la de 2014 que estableció límites y contrapesos al poder ejecutivo, significarán un cambio importante en las facultades del próximo presidente de la República.

“El virtual presidente electo ha anunciado una serie de medidas que apuntan hacia el fin de uno de los aspectos más agraviantes del presidencialismo mexicano; de concretarse, se acabarían los lujos y la suntuosidad que han acompañado al poder público y terminaría la magnificencia con la que se han conducido los presidentes de la República; algo que los presidentes del período de transición no intentaron siquiera modificar.

“Pero hay aspectos del presidencialismo que no está claro si entran o no en el plan de desmantelamiento del sistema presidencial autoritario.

“Al menos cuatro de los elementos con los que (Jorge) Carpizo caracterizó a aquél, podrían resurgir con una presidencia fuerte y que además cuenta con una amplia mayoría en el Congreso: la ´jefatura real´ del partido en el poder, en la persona del presidente; el debilitamiento de las cámaras (legislativas), sustentado en el liderazgo del presidente sobre la mayoría en el legislativo; la tentación de ejercer control político sobre los gobernadores, con el nombramiento presidencial de los coordinadores estatales de los programas de desarrollo; y el poder de persuasión del presidente, sustentado en sus poderes constitucionales y extraconstitucionales y en su estilo personal de gobernar”.

En concreto podríamos estar en la reedición del Presidencialismo Mexicano con toda su fuerza, pero también el riesgo de los vicios que nos llevaron a la “Presidencial Imperial” o a la “Dictadura Perfecta” como definió al sistema mexicano el escritor Mario Vargas Llosa.

Toda una generación pensamos que el principio del fin del presidencialismo mexicano estaba fechado en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados; en ese momento el presidente perdió el control sobre el poder legislativo.

En esta transición, el presidente electo actuó con el poder, que ninguno otro igual había tenido en la época post revolucionaria. Llegará en plenitud y con acciones concretas que muestran el cambio que prometió.

Pero las tentaciones de restaurar el viejo Presidencialismo están ahí y hubo visos en la forma como se votó y actuó en la Cámara de Diputados durante la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Para esos son las mayorías, justificarán, pero se aprobaron modificaciones que consolidan el poder y la fuerza del presidente de la República.

Andrés Manuel López Obrador puede ser el demócrata que ganó las elecciones, pero junto a él también hay nostálgicos de la Presidencia Imperial y ahí se incuban los riesgos.

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