¡Día histórico! Puebla aprueba Ley Agnes, identidad jurídica para personas trans

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La determinación establece que autoridades del Registro Civil deberán garantizar a las personas libertad de decidir sobre su nombre y género.// Foto Agencia Esimagen.

Por Vera Fernández

En un día histórico para la comunidad LGBTTTIQ, el Congreso del Estado aprobó la Ley Agnes para permitir el cambio de nombre y género en actas de nacimiento, con el fin de reconocer la identidad jurídica de las personas trans en Puebla.

Tras una discusión que se prolongó por más de cuatro horas, los diputados locales avalaron con 34 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, diversas reformas al Código Civil del Estado para brindarle respaldo legal a las identidades de género auto-percibidas.

Durante la sesión virtual que se llevó a cabo este jueves, el nombre de Agnes Torres Hernández no dejó de mencionarse, pues varios legisladores reconocieron la lucha impulsada por la activista transexual desde hace más de una década.

Las morenistas Estefanía Rodríguez Sandoval y Vianey García Romero enfatizaron que la aprobación de la Ley de Identidad de Género llegó gracias al trabajo de organizaciones civiles y colectivas feministas, quienes no dejaron de recordarles que los derechos deben garantizarse.

A lo largo de varias intervenciones, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo también resaltó que los integrantes de la comunidad trans han vivido historias de abuso, dolor y sufrimiento, siendo víctimas de crímenes de odio e intolerancia.

Distintos legisladores señalaron que con la aprobación de la Ley Agnes se cerrará una de las brechas de desigualdad y discriminación, pues el reconocimiento de su identidad vendrá acompañada de acceso a la salud, a la justicia y a los servicios básicos de los que goza cualquier ciudadano.

Foto: Agencia Esimagen.

Mientras que los grupos parlamentarios de Morena, PT, PRI, Movimiento Ciudadano, PES y PRD se pronunciaron a favor del dictamen, la coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, adelantó que darían su voto en abstención por considerar oportunismo electoral en el tema por parte del bloque Juntos Haremos Historia.

Además de que el legislador sin partido, Héctor Alonso Granados, emitió comentarios homofóbicos y transfóbicos en distintas ocasiones; por lo que la diputada Estefanía Rodríguez adelantó que daría vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla sobre sus expresiones.

Luego de que avalaron 15 proposiciones reformatorias presentadas por la priista García Olmedo para corregir errores jurídicos, técnicos y gramaticales que venían en el dictamen, así como el desahogo de varias reservas, los diputados procedieron a aprobar la Ley Agnes en todos sus términos.

¿Qué es la Ley Agnes?

La Ley Agnes consiste en una serie de reformas al Código Civil del Estado para el reconocimiento de la identidad de género auto-percibida.

Establece que los jueces y autoridades del Registro Civil, de todas las juntas auxiliares y municipios de la entidad, estarán obligadas a levantar nuevas actas de nacimiento para las personas que así lo deseen, dándoles la libertad de decidir sobre su nombre y género.

Foto Agencia Esimagen.

No será necesario que las personas trans acrediten intervenciones quirúrgicas, terapias, o procedimientos de modificaciones corporales, incluyendo la vestimenta, modo de hablar, modales ni ninguna otra condición que pudiera dañar su dignidad.

Las reformas no contemplan las infancias trans, ya que los requisitos para solicitar una nueva acta son: nacionalidad mexicana, tener 18 años cumplidos, así como especificar el género y nombre solicitado, sin apellidos.

Una vez concluido el trámite, el Registro Civil deberá informar sobre el reconocimiento de la identidad de género autopercibida a las autoridades federales, estatales, de población, educativas, de salud, de seguridad social, de procuración de justicia, así como al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para los efectos legales procedentes.

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