Una cámara en la sala de audiencia 2 que no sirve, salir y entrar dos horas después de la cita y pasarse a otra sala para esperar la última audiencia con la que cuatro familias cerrarían un capítulo doloroso, la del asesinato de Ximena, Koty, Francisco Javier y Josué Emanuel, cuando les robaron el automóvil en el que viajaban tras asistir al Carnaval de Huejotzingo en 2020.
Entrar a la sala 15, en el tercer piso de la Casa de Justicia, iniciar la audiencia, pedir un receso de una hora más, porque Pablo –uno de los sentenciados– pide atención médica, por las molestias que le ocasionó la vacuna AstraZeneca que recibió en el penal.
Los padres de tres jóvenes estudiantes de medicina, suspiran, “ya quiero irme”, dice la madre de uno de ellos al salir de nuevo de la sala.
Otra de las madres que ha esperado más de dos años que se haga justicia, respira hondo, y dice que sólo deben tener paciencia, un poco más.
Pasa una hora, Pablo, Lisset y Ángel ya no ríen ni hablan entre sí. Pablo se sigue sobando la cabeza con la mano izquierda, un doctor lo ha revisado y dicho que no hay más complicaciones de salud, más que las manifestaciones de la segunda dosis de la vacuna que le fue aplicada, puede seguir la audiencia.
El tribunal de enjuiciamiento reanuda la audiencia, la Fiscalía General del Estado pide sentencia máxima, 50 años de prisión por cada víctima de homicidio, 18 años más por el robo de vehículo, y como reparación del daño el pago del funeral por 7 mil 293 pesos, indemnización 616 mil 100 pesos y la reparación moral 123 mil 220 pesos por cada víctima.
El ministerio público habla de Josué, el conductor de Uber asesinado, de cómo era el proveedor de su familia, un hombre trabajador. Hablan de Ximena, Koty y Francisco Javier, de su juventud, de que iban a ser médicos, del futuro frustrado.
También mencionan a la dueña del vehículo, de los ingresos que dejó de percibir cuando le robaron el automóvil.
Habla de la “peligrosidad” de los tres sentenciados, de cómo quisieron ocultar el auto robado, de cómo al viajar en la camioneta BMW en la que fueron detenidos y notar las manchas de sangre, las dos piezas dentales y orificios de balas, no avisaron a las autoridades.
La defensa de ambos dicen que no hay pruebas contundentes de su participación en los homicidios. De Ángel, aseguran que no tiene antecedentes penales, que los jueces conocen su situación económica, por lo que piden sentencia mínima.
De Lisset y Pablo, su defensa se limita a que las pruebas son insuficientes para determinar su participación, por lo que también piden sentencia mínima.
Los asesores legales de las víctimas responden y reprochan que actuaron con violencia, que son los culpables, que merecen las penas máximas establecidas por la ley.
Las familias ya no los miran, los sentenciados siguen con la vista fija al frente.
Los tres jueces que conforman el tribunal de enjuiciamiento piden un receso más, hora y media para deliberar. La espera sigue.
Son 7:30 horas, la audiencia se reanuda, los jueces van al grano. La condena para Lisset, Pablo y Ángel es de 68 años de prisión y una multa de 3 mil unidades por el homicidio calificado de los tres estudiantes y el conductor de Uber.
Las familias celebran, no se contienen, lloran, se abrazan entre sí. Francisco Javier, padre de Francisco Javier es el único que hace uso de la voz: “gracias, volvemos a confiar en la justicia mexicana”. Él es de Veracruz, su hijo estudiaba medicina en la BUAP.
Además de la prisión, los tres implicados tienen que pagar la reparación del daño que el tribunal de enjuiciamiento fija en tres conceptos: 7 mil 393 pesos por cada víctima por gastos funerarios, 616 mil 100 pesos por daño económico y 123 mil 220 pesos por daño moral, además de la devolución del vehículo robado.
La audiencia termina, Pablo pide unos minutos con su padre y hermana, Ángel con dos de sus familiares y Lisseth se queda sola. Ninguno se conmueve, sostienen la mirada a sus abogados.
“Con esto calmamos un poco el dolor”
De las lágrimas pasan a las sonrisas, a la celebración, a un alivio.
La madre de Francisco Javier, María Cristina, dice que con la sentencia cambian un poco el dolor que les causó el asesinato de su hijo.
“Son tres personas menos que ya no le van a causar dolor a otras, como a nosotros nos lo causaron”, señala.
Los padres de Ximena y de José Antonio, a quien le decían Koty de cariño, celebran la decisión del tribunal colegiado ante la prensa que los espera afuera de la Casa de Justicia.
“Sentimos un poquito de tranquilidad, de que estas personas no le van a volver a hacer daño a nadie”, dice Sonia, la madre de Ximena.
“Regresamos a Colombia con la tranquilidad de que se hizo justicia”, agrega Angélica, madre de Koty.
El asesor legal de las familias, Ricardo Fernández, señala que la sentencia es sólida, que los tres pueden apelar, pero que sería poco probable que haya algún cambio. La justicia ha llegado.
Por: Guadalupe Juárez
Editor: Guillermo Pérez Leal
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