Nunca faltan los oportunistas que van por la vida sacando provecho de las situaciones económicas y políticas para conseguir beneficios personales trienio tras trienio. Es el caso de Máximo Ortega, una especie de “coyote” que ahora enfrenta la mano dura de la presidenta Paola Angón Silva.
Previo a su cuadro de Covid-19, la alcaldesa tomó la decisión de arrebatarle a este sujeto el poder que ha construido desde hace varios años en San Pedro Cholula por el descuido o complicidades de otras administraciones.
Al lanzar el programa denominado “Cholula, ciudad de oportunidades”, Paola dio la instrucción a su gabinete para que el Ayuntamiento sea el único encargado de formalizar a los negocios, sin intermediarios, porque se trata de recuperar la facultad que el gobierno había perdido.
En San Pedro, Máximo y su papá fungen como gestores en los permisos de funcionamiento que requieren comerciantes, panaderos y artesanos, pero en esa labor ellos siempre llevaban ventaja económica además de canonjías gubernamentales.
En sus redes sociales, aparecen fotografías como Agrupación de Comerciantes y Prestadores de Servicio A.C. Antonio Ortega y a la letra dice: “Firmando el convenio 2022 que apoyará a la restructuración económica de los comerciantes en San Pedro Cholula, juntas auxiliares y barrios”. Con fecha de 3 de enero del 2022, el escrito está dirigido a Ricardo Mata Pérez, secretario de Gobernación.
Desde el arranque de gobierno, la presidenta ha visitado a los comerciantes para informarles que ella no negocia con intermediarios y los descuentos en licencias, así como apertura de negocios, son aplicados directamente a los beneficiarios. La idea es regularizar las actividades económicas para sumar esos impuestos a las arcas del municipio, que junto con Puebla y San Andrés Cholula no podrá cobrar el DAP.
La alcaldesa de San Pedro no se prestará al juego de estas organizaciones regionales que sirvieron a los intereses del poder.La idea de Paola Angón es corregir esos vicios de gobierno que heredó en perjuicio de las mayorías.
Aunque los ayuntamientos han avanzado en la operación de ventanillas virtuales para acabar con los intermediarios, “los coyotes” no se dan por vencidos en muchas oficinas de gobierno. Un ejemplo, son las personas que merodean el inmueble de trámites e infracciones de la 4 Poniente y 11 Norte en la ciudad de Puebla.
Los gestores aparecen cínicamente para ofrecer sus servicios a los ciudadanos que esperan turno en la fila. Ahí, a la vista de todos y sin ninguna prohibición por parte del gobierno municipal, hombres y mujeres quieren cobrar por trámites personales. Una forma de contrarrestar a estos vividores es que el gobierno facilite las altas fiscales y/o administrativas.
El gravísimo problema de la corrupción en México está relacionado al dinero que muchos ciudadanos están dispuestos a pagar cuando sus autoridades se esmeran en hacer la vida más complicada.
Por Patricia Estrada
