Por Enrique Huerta
Este martes, desde muy temprano, alumnos, catedráticos y trabajadores no académicos ensayan un procedimiento que ya les resulta familiar: autenticar sus correos institucionales para emitir, desde la secrecía de sus equipos de cómputo, los sufragios que serán parte de la renovación del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
La emergencia sanitaria que aún existe en México, a pesar de que el gobierno y la sociedad la ha minimizado detrás de la ilusión estadística de un “semáforo verde”, han obligado a la comunidad universitaria a desconfiar de toda actividad presencial y, en consecuencia, transitar del papel de las boletas a la votación electrónica a distancia: el salto tecnológico ha resultado un éxito probado, considerando que el padrón de la institución asciende a 129 mil 718 electores con una tasa de participación —según datos de la última elección—del 68.13 por ciento.
Los procesos de auscultación, en principio de los Consejos de Unidad Académica y recientemente de Rectoría han dejado una sensación de inminente restauración en la BUAP; las primeras acciones de la Dra. Lilia Cedillo, la primera mujer en el cargo, y la primera en rectoría que seguirá teniendo contacto con los alumnos en un salón de clases, lo confirman. Justo ese es el dilema de Minerva en la contienda entre 230 fórmulas que durante la jornada de este martes lograrán una banca en el Consejo Universitario: ¿restauración o renovación? Es decir, restaurar la razón de la cátedra por encima de la agenda política interesada o, por el contrario, renovar la servidumbre voluntaria que llevaron a los últimos rectores de la BUAP a la fantochería manifiesta, mientras que a la universidad a su prostitución abierta como mero trampolín de aspiraciones políticas inmediatas. Los casos de Enrique Doger, Agüera Ibáñez y tragicomedia de Lobos BUAP siguen siendo escándalos a la luz de los acontecimientos recientes.
Desafortunadamente, si las fórmulas que esta tarde serán electas optan por la renovación, tendremos más de las mismas contradicciones de las que hemos sido testigos durante los últimos 30 años; para muestra, bastaría un simple ejemplo: una inversión de 732 millones de pesos en un obsceno rascacielos en Ciudad Universitaria dedicado casi por completo a la burocracia cuando la torre de especialidades del Hospital Universitario carece del personal médico necesario para atender a una población 8 mil 730 trabajadores universitarios; de ese total, únicamente 4 mil 981 son catedráticos que imparten clases a una población creciente de 120 mil 988 estudiantes que, tarde o temprano, ocuparán una banca en salones excesivamente saturados; y por si fuera poco, casi el 70 por ciento de esa población de académicos son hora clase con salarios francamente precarizados en una institución cuyo presupuesto federal anual asciende a 7 mil 507 millones 760 mil 539 pesos —datos de este 2021—.
Esa herencia malsana debe quebrarse; el Consejo Universitario, junto con su rectora, deben restaurar la tradición, el sentido y fundamento de la Universidad pública: colocar la investigación y la cátedra por encima de las banalidades de la gubernamentalidad liberal. La oportunidad histórica está en las urnas, ojalá que la BUAP sea capaz de aprovecharla.
