“La propuesta de reforma electoral que ha presentado el presidente de la República lo que hace es fortalecer la democracia, es hacer más democracia con menos costo, generar mayor participación ciudadana sin tanto gasto al erario”.
Claudia Sheinbaum
Existe un consenso tácito detrás de la polémica que ha generado la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con las más de 100 que la totalidad de los grupos parlamentarios en San Lázaro han introducido en consecuencia: el Instituto Nacional Electoral (INE) es obeso y dispendioso para la República.
En ningún país de América Latina, y menos aún en las democracias consolidadas de Occidente, existe un organismo autónomo constitucional con semejante carga orgánica y procesal dedicado a organizar elecciones. Si un país como México, que aún no ha superado la pobreza alimentaria, debe gastar sumas estratosféricas del presupuesto público para subsidiar la democracia, ¿realmente ese país vive en democracia?
Me aparto del maniqueísmo polarizante de los últimos días: “#YoDefiendoalINE vs. #AdiósINE”. El Consejo General (CG) del INE es una suma de diversas mayorías contrapuestas, pro-tempore, provenientes del consenso de diversas fracciones en San Lázaro. Los ciudadanos no se convierten en miembros del CG si no es con el apoyo tácito de los grandes partidos políticos nacionales. En consecuencia el INE –antes IFE– nunca ha estado libre de compromisos partidistas, al grado que podríamos decir que al seno del CG persiste la lucha de los partidos, pero por otros medios.
El consenso sobre la reforma es claro, pero los procedimientos son un auténtico misterio. ¿Cómo el Congreso enfrentará el reto de hacer menos costoso para los contribuyentes los comicios electorales? ¿Tomarán una decisión paliativa como cancelar la asignación de presupuesto público a las franquicias postales y telegráficas? O por el contrario, ¿dejarán de proyectar el presupuesto de los partidos sobre la base del listado nominal, echando mano de la votación total emitida, reviviendo así la vieja propuesta de “sin voto no hay dinero”? ¿Se atreverán los diputados, que no son otra cosa más que militantes, a cortar el cordón umbilical del presupuesto público para finalmente acceder a la emancipación presupuestal de sus institutos políticos? ¿Algún día viviremos en un México donde los partidos subsisten gracias a las aportaciones de sus militantes como ocurre en cualquier democracia consolidada?
Coincido con Sheinbaum y con el resto de los actores políticos que se han pronunciado al respecto: debemos generar una democracia menos costosa, con mayor participación ciudadana. La tragedia, sin embargo, radica en que los señores diputados no tienen la más remota idea de cómo lograrlo.
P.D
A propósito de la Dra. Sheinbaum. Casi pasó desapercibido en los medios locales un echo significativo en el marco de su reciente visita a Puebla el fin de semana pasado: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue arropada no sólo por morenistas de coaliciones irreconciliables al interior del partido de López Obrador, sino por algunos presidentes municipales del PAN como Germán Torres Moreno (Nealtican), Gumaro Sandre Popaca (San Nicolás de los Ranchos) y José Cinto Bernal (Juan C. Bonilla) que posaron para la foto sin el menor pudor por los estatutos del blanquiazul.
Desde luego, Augusta Díaz de Rivera, dirigente estatal de Acción Nacional, negó el encuentro y el apoyo a pesar de la claridad de las imágenes. ¿Habrá sido un montaje vil y miserable o ya hay “rebelión en la granja” paniaguada? Irremediablemente lo sabremos.
Por Enrique Huerta
