“Como es tan importante que haya democracia, es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere dos terceras partes: un Plan B”.
Andrés Manuel López Obrador
Cuarenta y ocho horas después de la mega marcha convocada por la partidocracia opositora, la reacción presidencial se limitó a confeccionar “un Plan B “para instaurar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que, al día de hoy, sólo existe en los sueños más profundos de la coalición oficialista.
¿Cómo convertirá “el Palacio de los otros datos” sus sueños en realidad? Difícilmente a través del “hada madrina” de las modificaciones y adiciones a las leyes secundarias en materia electoral. Para mala fortuna de la coalición gobernista no estamos ante la Ley Minera o la Ley de la Industria Eléctrica; una Reforma Electoral es una reforma eminentemente constitucional: ciertamente, desde la Ley General de Partidos Políticos, podría reducirse el régimen de financiamiento a los institutos, limitando las ministraciones a los años de campaña por ejemplo; no obstante, mientras el artículo 41 constitucional se mantenga intacto lo único que generaría una acción legislativa de ese calibre es una controversia constitucional que tendría que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de la oposición y en detrimento de la reforma de Morena y sus aliados.
Siguiendo esa misma secuencia, la coalición de la 4ta Transformación en San Lázaro tampoco podría eliminar los 200 diputados plurinominales, o cesar en definitiva el mandato de los 11 miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sin pasar los filtros de una reforma dificultada en materia constitucional: dos terceras partes en ambas cámaras sobre el quórum más la anuencia de 16 Congresos locales.
Increíblemente, la incapacidad de reforma constitucional de Morena, que intentará ladear con una megamarcha que echará mano del arcana matemático del millón de feligreses el próximo 27 de noviembre en Paseo de la Reforma, será la consecuencia más dramática del mandato democrático de los electores en las urnas durante los comicios del año pasado.
Al calor de los acontecimientos más recientes, está de más formular algunas preguntas innecesarias: ¿por qué la Reforma Electoral de la 4ta Transformación no fue propuesta en 2019 cuando Morena y sus aliados tenían los curules suficientes para impulsar cualquier cambio en materia constitucional?, por ejemplo.
El ejercicio reflexivo frente a esta o cualquier otra problemática resulta ocioso porque en este país, desde hace mucho tiempo, las coyunturas nacionales no se explican desde los esquemas típicamente racionales, plagados de incentivos y respuestas, sino desde las pulsiones más viscerales y profundas.
¿A caso no fue lo suficientemente visceral el hecho de que una coalición opositora intentara resolver en las calles aquello que sólo compete a los votos de las bancadas del Congreso de la Unión? Una marcha para defender al INE, como si de tratara del misterio de “la Inmaculada Concepción”, ¿no fue una demostración de intransigencia y lo contrario, que veremos el próximo 27 de noviembre, un exceso de soberbia?
Por Enrique Huerta
