Durante 2020 la Red Nacional de Refugios (RNR) realizó cinco rescates de mujeres poblanas víctimas de violencia, lo que refleja que las agresiones contra mujeres no se han detenido pese al confinamiento, por el contrario, quedarse en casa ha puesto en riesgo a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Así lo señaló Wendy Figueroa Morales, vocera de la RNR, quien destacó que en el primer bimestre de 2021 a nivel nacional ha incrementado un 21% el número de personas atendidas y protegidas víctimas de violencia; mientras que durante el año pasado las atenciones que brindaron tuvieron un alza del 40% en sus 75 centros de ayuda.
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Resaltó que la pandemia de Covid-19 imposibilitó que muchas mujeres pudieran pedir ayuda por estar con sus agresores, por lo que existe una cifra negra de aquellos casos que no fueron identificados.
Indicó que sólo el 45% de las mujeres atendidas en 2020 decidió iniciar un proceso jurídico en contra de sus parejas, lo que atribuyó a la falta de confianza en las autoridades, pues enfrentan procesos de revictimización, además que se estima que el total de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa es de 93.6%.
Asimismo, comentó que el 30% de las mujeres que estuvieron en alguno de los espacios de prevención, atención y protección de la RNR en 2020 regresaron con sus parejas, de quienes un 20% estableció acuerdos previos para que sus parejas iniciaran procesos psicológicos.
“Ninguna mujer que egresa de alguno de nuestros espacios regresa igual, adquieren información y la información te da poder; poder de tomar decisiones, ejercer tus derechos, etcétera”, aseveró.
En ese contexto, consideró que no todas las instancias gubernamentales conocen e informan a las mujeres víctimas de violencia que tienen derecho a un refugio, por lo que –dijo- las instancias gubernamentales deben de fortalecer sus actuaciones desde un enfoque de género y garantizando los derechos humanos e interculturalidad.
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Sobre si son necesarios más refugios en Puebla, Figueroa Morales comentó que sí se deben fortalecer los mecanismos de protección contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sin embargo, consideró inviable instalar un refugio, casa de emergencia o de transición en cada municipio, pues hay localidades “pequeñas” donde la secrecía de la ubicación de estos espacios de protección sería vulnerable.
Por ello, señaló que lo idóneo es que los refugios que existen tengan garantizado un presupuesto anual multifacético y que no dependa de convocatorias para acceder a recursos públicos.
