En comisiones, diputados del Congreso del Estado aprobaron reformas a la Ley del Notariado para prevenir posibles prácticas de lavado de dinero y sancionar con cárcel los actos de corrupción que sean cometidos por fedatarios públicos en Puebla.
Además, avalaron la creación la nueva Ley de Aranceles para regular el cobro de honorarios por parte de abogados, con la finalidad de evitar abusos hacia las personas que contraten sus servicios legales en la entidad poblana.
Ambas iniciativas fueron enviadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta el pasado 9 de junio y recibieron el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias, por lo que serán discutidas y votadas por el Pleno del Poder Legislativo el próximo jueves 30.
Buscan sancionar dolo u omisión de notarios
En primera instancia, integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia dieron luz verde a las reformas para frenar prácticas de corrupción por parte de Notarios Públicos.
Las modificaciones a la Ley del Notariado y al Código Penal del Estado establecen sanciones de uno a cinco años de prisión a los notarios que, por dolo u omisión, permitan la suplantación de su persona, firma o sello en el ejercicio de sus funciones.
También avalaron cambiar la propuesta original para determinar que la información de las transacciones que realicen los notarios será enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera de Puebla, adscrita a la Secretaría de Planeación y Finanzas; así como para garantizar la protección de datos personales de los involucrados.
Van contra abusos de abogados
En una segunda sesión, diputados locales de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron la creación de la Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de los Abogados o Licenciados en Derecho del Estado.
El nuevo marco jurídico propuesto por el gobernador Barbosa Huerta plantea regular los precios mínimos y máximos que podrán cobrar los abogados por otorgar sus servicios, con el objetivo de evitar posibles abusos.
La propuesta incluye tabuladores para fijar los costos de honorarios con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de los rubros en materia civil, mercantil, laboral o familiar o juicios penales.
Al respecto, la presidenta Mónica Silva Ruíz afirmó que la Ley no pretende atentar contra el trabajo que realizan los abogados, ya que podrán seguir cobrando libremente sus honorarios, siempre y cuando exista un acuerdo o contrato previo con sus clientes.
Por su parte el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, votó en abstención del dictamen al considerar que es ambiguo, por lo que adelantó que lo discutirán con mayor detenimiento en el Pleno.
Por: Vera Fernández
Editor: Guillermo Pérez Leal
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