Delincuencia organizada o no, las amenazas de cobro de piso desmantelaron el sueño de Ernesto, un taquero que cerró su negocio apenas 40 días de haberlo iniciado sobre Avenida Margaritas en la colonia Bugambilias, en la ciudad de Puebla.
Comenzó la venta de tacos de asada con buena expectativa, cumpliendo sus permisos municipales y haciéndose de nueva clientela. Todo acabó en una noche de octubre cuando dos hombres le informaron que debía pagarles mil pesos semanales.
Con cierta incredulidad pensó que se trataba de una mala broma, hasta que recibió la segunda visita; los mismos tipos –solo que esta vez armados– reiterando la amenaza: 4 mil pesos mensuales para no ser molestado.
Fue entonces que Ernesto entregó el local que recién había pintado y así sepultó sus ganas de independizarse; el anuncio de renta sigue vigente. Quién pensaría que en una vialidad altamente transitada por particulares y patrullas operan impunemente los extorsionadores.
En México, el cobro de piso es real: O pagas, o te vas o te mueres. Es impensable el número de empresarios –chicos o grandes– que viven en silencio este cáncer de la economía. El esfuerzo que hay detrás de cada miscelánea, taquería, tintorería, maquiladora, empresa automotriz se ve opacado por las amenazas de delincuentes en solitario o de quienes están bajo las órdenes de una organización criminal.
Las facilidades que da el gobierno para nutrir la economía formal mediante tramitología simple pasan a un segundo término cuando la inseguridad pública se adueña del espacio privado; lo mismo un asalto que una extorsión, siendo este delito el que alimenta la cifra negra con más del 97.4 por ciento no denunciado (según Envipe, 2022).
La intimidación es la herramienta que utilizan los extorsionadores para obtener el dinero ajeno. Ernesto entendió que la amenaza se convertiría en realidad si no aceptaba el acuerdo unilateral, por eso sacrificó lo poco invertido para no acabar golpeado, levantado o peor aún, asesinado.
Si las autoridades desconocen las dinámicas de cobro de piso que afectan a los dueños de negocios, sería favorable que empiecen a identificar cómo funcionan para diseñar estrategias de combate sin arriesgar la identidad de las víctimas. Ninguna ciudad debería permitir esas cuotas ilegales que se convierten en impuestos invisibles, pero criminales.
Las economías necesitan crecer sanamente, en un ambiente de bienestar, de seguridad, de Estado de Derecho. El gobierno no genera empleos, es la iniciativa privada que se juega la vida en abrir un negocio y hacerlo sostenible. Urge que las autoridades asuman que la extorsión, es real.
Apunte final
En ContraRéplica Puebla advertimos el 8 de noviembre pasado en el tiradito “Viene otra fiesta masiva” que se organizaba una reunión de halloween el 11 de noviembre en la calle Rubí 1303 de la colonia Villa Posadas de 20:30 a 03:30 horas con DJ, rifa de botellas, strippers, venta de drinks, snacks y vapeadores.
El Ayuntamiento de Puebla tomó nota de la publicación y encontró que la fiesta cambió de sede una hora antes, por lo que procedió a clausurar el sitio ubicado en la colonia Amor a pesar de las dificultades que encontraron con los dueños del lugar.
Tras lo sucedido en el salón Country y mientras no haya regulación, es importante desactivar las fiestas masivas donde el alcohol prolifera y sus consumidores minimizan los riesgos de sufrir desde un infarto hasta un hecho delictivo.
Por Patricia Estrada
