Sin una sola sentencia definitiva han pasado 13 años desde la muerte de 49 niños y bebés a consecuencia del fuego que consumió una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio del 2009, a las 14:45 horas.
En la guardería ABC, los 100 pequeñitos que lograron salvarse del horror de ese día han crecido con quemaduras en rostro y cuerpo. A pesar de las secuelas emocionales, los padres siguen pugnando legalmente para que el Estado Mexicano aplique el peso de la ley contra los responsables de haber generado la cadena de omisiones y encubrimiento.
En qué otro país con fuerza institucional en sus órganos de justicia hubiera permitido que, a la fecha, todos los involucrados en procesos judiciales, tanto los responsables del centro como los funcionarios públicos vinculados al caso no paguen por lo sucedido. Peor aún, que ningún funcionario de alto nivel fuera responsabilizado.
Los peritajes oficiales revelaron que el muro de uso común de la guardería tenía dos rieles metálicos horizontales incrustados, presentaban orificios y en algunas secciones no alcanzaban a unirse a la pared; además, en la parte superior del muro había otros boquetes. A temperatura alta, el humo circuló hacia la guardería e hizo imposible rescatar a los niños en su hora de la siesta.
De nada sirvieron los reportes que alertaban sobre el mal funcionamiento de esta guardería subrogada al IMSS, con anomalías en sus permisos de operación y funcionamiento, pero con un respaldo político que se volvió licencia de impunidad para Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, dueña del sitio y prima de Margarita Zavala.
Ante la rabia de familias rotas y una sociedad conmocionada por la muerte de tantos inocentes, el IMSS ordenó la revisión de cada una de las estancias infantiles del país, demostrando que durante años olvidó colocar la seguridad como prioridad en su esquema de subrogación.
Eran 176 niños resguardados por 14 adultos en una guardería que no tenía salidas de emergencia y las puertas se abrían hacia adentro. Los bomberos llegaron 9 minutos después de la primera llamada de auxilio. Vecinos y automovilistas trataron de hacer los boquetes a las paredes, pero fueron insuficientes para sacar a todos con vida en menos de 30 minutos.
Y así, a 13 años del amargo suceso, las familias que se quedaron con el alma vacía no han obtenido la sentencia contra al menos 19 personas que recibieron condenas de prisión menores a 30 años por el delito de homicidio culposo, pero que han sido apeladas recurrentemente.
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a castigar la corrupción que propició Felipe Calderón, la guardería ABC es la oportunidad de oro.
En febrero del 2022, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, declaró que Calderón ejerció una “operación de estado” para deslindar a la familia de su esposa Margarita de la tragedia. Lo hiriente es que el ministro se prestó al juego del poder presidencial y el régimen actual, sin la menor empatía se ha negado a otorgarles a las familias en duelo, la justicia que reclaman.
Por: Patricia Estrada
