Impunidad ciclista

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Hace muy poco un usuario en Twitter, a manera de reclamo, me recodó una entrevista que hice en 2015 en el espacio que conduje durante seis años: Denuncia 1170. Según el amigo ciclista, entonces estaba muy preocupado por “los riesgos que corre” cualquiera que se enfrente al reto de la movilidad no motorizada en las calles de Puebla.

En mi defensa tengo que decir que mi preocupación no ha cambiado; aquello que se ha transformado ha sido la naturaleza del problema: hace siete años no había hordas de ciclistas circulando en sentido contrario o pasándose los altos para cumplir con los compromisos de empresas repartidoras de artículos que, bajo el miserable esquema de “socio comercial”, termina precarizando a jóvenes –y no tan jóvenes– desprovistos de prestaciones y derechos laborales tan elementales como la seguridad social.

La bicicleta, a diferencia de la situación que existía hace siete años, se ha vuelto una salida para el subempleo y para la explotación despiadada: las ganancias de los mentados “socios repartidores” son un auténtico insulto frente a los rendimientos millonarios que estas firmas comerciales acumulan año con año.

En 2015 el litro de gasolina Premium rondaba los 14 pesos; hoy se acerca a los 23 pesos con 41 centavos mientras que el encarecimiento de vehículos nuevos asciende al menos al 30 por ciento con respecto a los precios de entonces; para colmo, la geoeconomía de la pandemia y la invasión de Ucrania ha perpetuado el desabasto de semiconductores elevando incluso los autos seminuevos a precio de agencia. Las bicicletas, en el marco de una severa contracción económica, han sido una salida práctica ante la disminución del poder adquisitivo de amplios sectores de la población.

Hoy me resulta irrisorio recordar las pequeñas rodadas del 2015, comunidades para la tertulia y la experiencia lúdica que poco a poco ganaban terreno y notoriedad en el espacio público con circuitos dominicales montados desde las inmediaciones del Parque Ecológico hasta la Recta Cholula –gratamente aún ocurren–, y que tenían como objetivo la recreación de la simple fetichización.

Sin embargo, poco a poco, conforme la economía fue empeorando la necesidad desbordó estas rodadas de marfil para enfrentarse con una realidad preocupante: por lo menos 24 ciclistas muertos en la zona metropolitana en 2021.

El problema año con año se desborda y los ciclistas, como usuarios de un bien público, no pueden seguir en impunidad: ¿qué infracciones hay para un ciclista que invade una zona peatonal, da vuelta donde ningún automovilista puede, se pasa un alto frente a las narices de la autoridad vial, usa el carril de Ruta para rebasar por la derecha a un conductor que lleva una velocidad promedio –permitida– de 60 kilómetros por hora? Sin licencia, sin seguro, y hasta sin casco –porque la economía anda mal y de malas–, hoy usan impunemente un bien público sin ninguna obligación de promedio. ¿Su justificación? “La mala calidad de la infraestructura”. Como si no la padeciéramos automovilistas y peatones por igual. ¿Quién va a ser el valiente en el Congreso que los meta al redil de la legalidad a estos ambientalistas por necesidad?

Por Enrique Huerta