A las 3:44 de la tarde, de este 24 de abril, la Cámara de Diputados con 267 votos a favor, 22 en contra y una abstención, firmó el acta de defunción del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).
Los diputados de Morena y el PT, entre gritos y sombrerazos que provenían de las bancadas opositoras, reconocieron el fracaso durante la misma semana en que el Gobierno de la República admitió que ha dejado de surtir 45 millones de recetas, en el marco de la mayor crisis de desabasto de medicamentos que este país haya enfrentado.
No obstante, en defensa de la 4T tendremos que admitir que la crisis viene de lejos. Durante la primera ola de contagios de Covid-19, cuando el mundo aún no conocía ninguna vacuna contra un virus que se propagaba con una rapidez inusitada por todas las fronteras del planeta, le comentaba a usted lo que sigue en mi columna publicada el 15 de abril del 2020:
«En México la pandemia ha evidenciado que a lo largo de los últimos treinta años se ha desmantelado sin ninguna resistencia la seguridad social de los trabajadores. Una herencia nefasta de los gobiernos anteriores que se ha agravado por la falta de planeación de los presentes. No es necesario hablar del tránsito tortuoso del Seguro Popular al Insabi para encontrar un buen ejemplo; sólo hay que recordar la cotización que se hizo el pasado 26 de marzo, en plena fase dos de la propagación del virus, y que resultó en la firma de un contrato el día 29 con el gobierno de la República Popular de China por 56.5 millones de dólares para la compra de insumos para la protección del personal médico. Una medida correcta implementada escandalosamente tarde: para el momento que transcurre hay 381 profesionales de la salud adscritos al IMSS contagiados de Covid-19, desafortunadamente siete de ellos ya han fallecido».
Tres años después las cifras que tenemos disponibles –aún hay mucha opacidad sobre la materia– son verdaderamente escalofriantes: 3 mil 622 trabajadores de la salud han muerto a causa del contagio del coronavirus. De acuerdo con informes de Amnistía Internacional: en ningún otro país azotado por la pandemia se registraron cifras similares.
Hace exactamente nueve meses, cuando México estaba contratando médicos cubanos, y mucho antes de que Zoé Robledo fuera al Mercado de Sonora a reclutar hueseros y chamanes; le comentaba lo que sigue en mi columna del pasado 26 de julio:
«Si nos vamos al desglose del presupuesto asignado por la Federación para este 2022, la crisis del sistema encuentra sus raíces profundas: a pesar de la aprobación inicial de 704 mmdp, un aumento superior al 15 por ciento con respecto a 2021, los compromisos en sueldos y salarios, pensiones, jubilaciones y pago de horas extras son un auténtico hoyo negro para la sustentabilidad de la salud pública del país; agravada por el fracaso cantado del IMSS-Bienestar –que nos hace recordar la aventura fallida del Insabi– ante la negativa de más de un gobernador de poner la infraestructura hospitalaria de sus estados al servicio de una institución caduca».
Desde este martes, a propósito de la votación de San Lázaro, más de uno nos preguntamos si la incorporación de la infraestructura hospitalaria de los estados –donde Morena gobierna– al IMSS-Bienestar será la solución final a todos los malestares de la seguridad social. O quizá, dicho de manera más adecuada: ¿por cuánto tiempo el presupuesto de los estados podrá solventar, las necesidades de una población creciente de derechohabientes, sin el apoyo de cuantiosas partidas presupuestales federales?
Para mala fortuna de todos el fracaso del IMSS-Bienestar también está cantado pero, a diferencia del difunto Insabi, la nueva opción retrasa “la caída del sistema” para un día después de las elecciones presidenciales del 2024.
Por Enrique Huerta
