La cobardía desde el poder

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Por primera vez en Puebla se cumplió el arresto de 24 horas contra un ex presidente municipal por violencia política contra las mujeres en razón de género.

El ex alcalde de Francisco Z. Mena, Pascual Morales Martínez, fue detenido el pasado 18 de diciembre cuando llegaba a su rancho en Cerco de Piedra.

Durante su mandato en 2019 se negó a pagar el salario completo de la regidora Flor Teresa Ávila, a quien en una discusión le gritó: “Chingada madre que cabeza no entiendes… se te va a pagar el pinche sueldo”.

El político intentó reelegirse, pero el antecedente de violencia motivó que su lugar fuera ocupado por su esposa Laura Escudero Guzmán, quien perdió contra Gildardo Vargas García de la coalición “Va por Puebla”.

La sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla contra el político morenista quedó registrada en la carpeta INC- TEEP-A-125/202. En el registro de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género o por su delito equivalente, o por los delitos de violencia familiar o por incumplimiento de la obligación alimentaria, aparecen dos personajes poblanos: el ex edil de Francisco Z. Mena y un periodista.

Los magistrados determinaron en septiembre 2021 que había elementos suficientes para cancelar a Morales Martínez sus derechos políticos durante 7 años y 3 meses, tales como: Insultos, amenazas, acoso laboral, campañas negras, retención de salarios, impedimento para trabajar en el Ayuntamiento y exclusión de las sesiones de Cabildo.

Debido a la gravedad de los hechos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una orden ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar protección a Flor Teresa Ávila Núñez, debido a que las agresiones del alcalde la pusieron en riesgo (en el Ministerio Público de Metlaltoyuca quedó asentada la constancia de hechos).

El entonces presidente municipal se negó a cumplir con el ordenamiento electoral de ofrecer una disculpa pública a la agraviada y cubrir sus salarios conforme a la ley; la típica conducta del macho que se niega a desobedecer a la autoridad a pesar de que su mal comportamiento quedó pública y legalmente evidenciado.

Vale la pena aclarar que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) no emite mandatos judiciales; sin embargo, en el acuerdo de ejecución de los ordenamientos para que el personaje en cuestión cumpla lo establecido, notificó el desacato al Ministerio Público y por esa razón, los agentes ministeriales fueron tras él.

La violencia política contra las mujeres en razón de género aún no alcanza carácter de delito penal (que debería serlo); sin embargo, el mensaje para todos los agresores públicos y/o privados es claro: Las instituciones democráticas son capaces de castigar y exhibir a los que ostentan el poder cobardemente.

Por Patricia Estrada