La FGE, en deuda con Zyanya

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“Zyanya se había suicidado”, así recibieron la noticia Patricia Becerril y Martín Figueroa hace cuatro años sobre la muerte de su hija, pero un dictamen independiente arrojó que el cuerpo tenía signos de violencia sugiriendo un probable feminicidio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha querido retomar el caso para indagar a fondo las causas de la muerte de Zyanya Figueroa. Como advertencia de que la familia no se dará por vencida hasta ser recibidos por su titular Gilberto Higuera Bernal, colocaron una cruz rosa de cuatro metros de altura frente a su oficina en Boulevard 5 de mayo.

¿Por qué prometer una investigación con perspectiva de género y dejarla incompleta? ¿Por qué abonar al sufrimiento de una familia que busca la verdad y acceso a la justicia? ¿Cuántos casos más están en la congeladora de la FGE porque no hay manera de reconstruir peritajes con solidez en la investigación y elementos de prueba para ser presentados ante el juez? No se equivoca la familia de Zyanya cuando sostiene que han padecido en carne propia la impunidad.

Zyanya nació el 11 de noviembre de 1991, estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); era médica residente en Pediatría del Hospital del Niño Poblano (HNP) y tenía la ilusión de curar a niños y niñas, pero fue asesinada cuando tenía 26 años. Su familia la recuerda como una mujer emprendedora, buena hija y solidaria con sus hermanos Martín y José Francisco.

La familia de Zyanya ha sido acompañada por la madre de Mariana Lima Buendía, otra mujer cuya vida fue arrebatada en un acto criminal, y a partir de su asesinato es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que “toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada como feminicidio”.

(Contexto: Mariana Lima fue asesinada en su casa en Chimalhuacán, Estado de México, el 28 de junio de 2010 por su pareja sentimental y policía ministerial Julio N. Cinco años después, la SCJN emitió por primera vez en la historia de la justicia mexicana que la investigación se reabriera con perspectiva de género pasando de suicidio a feminicidio).

¿Qué pasó entonces con Zyanya? El reporte sobre la causa de su muerte presentaba graves omisiones y deficiencias, aunado a que la investigación inicial no se realizó con perspectiva de género, faltando a cualquier posibilidad de demostrar que ella no se quitó la vida.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 42 organizaciones de la sociedad, ubicadas en 23 estados del país, exige de forma legítima que su muerte sea nuevamente investigada, a profundidad, sin excusas ni pretextos y, además, indague a los servidores públicos que incurrieron en presuntas irregularidades.

Si el Estado Mexicano es incapaz de proteger la vida de las mujeres, al menos tiene la obligación de que las fiscalías del país realicen investigaciones con perspectiva de género porque Zyanya, Debanhi y decenas de víctimas más esperan justicia sin regateos.

Por: Patricia Estrada