#Lingotes | Guardia Nacional

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A partir del próximo lunes, diputados y senadores tendrán en sus votos la posibilidad de establecer una Guardia Nacional dominada por mandos y estrategias militares o continuar con los civiles se encarguen de la Seguridad Pública, modelo que lamentablemente ha fracaso.

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Será la próxima semana cuando el Congreso de la Unión discuta y eleve a rango constitucional la Guardia Nacional, a pesar de las resistencias políticas y sociales que existen hasta ahora.

Es un tema de Seguridad y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido determinante, si no se aprueba su legalización, militares y marinos volverán a sus cuarteles y tocará a gobierno estatales y ayuntamientos la seguridad de sus territorios, para lo que han demostrado hasta ahora no tener capacidad.

En medio de la crisis por el desabasto de gasolinas, poco se ha dicho de la posición que guardan organizaciones de la sociedad civil, órganos autónomos y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que criticaron la reforma constitucional que pretende aprobar el Congreso para crear la Guardia Nacional.

Tras descalificar la propuesta, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, sugirió crear una corporación intermedia, civil y especializada para hacer frente al problema de la inseguridad en el país.

Consideró que se necesita un cuerpo de seguridad que se ubique entre la intervención militar directa y la recuperación de la capacidad de las policías.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, también descalificó la propuesta. El mando debe ser civil, insistió, y no debe tener facultades de investigación y sus integrantes tienen que ser siempre juzgados en el fuero civil por delitos o faltas administrativas.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, sostuvo que la aprobación de la Guardia Nacional sería como aceptar que no habrá un punto de retorno del Ejército a sus cuarteles, por lo menos en el mediano plazo.

En coincidencia con Morera, el investigador Alejandro Madrazo Lajous, de Seguridad sin Guerra, pidió a los legisladores modificar el dictamen y recurrir al artículo 29 de la Constitución para establecer casos de excepción en los que pueden intervenir las Fuerzas Armadas.

Madrazo Lajous propuso fijar una fecha determinada, no posterior al primero de enero de 2022, como límite a la desmilitarización de la Guardia Nacional, sujetándola en todo momento a reglas de transparencia y uso de la fuerza propias de seguridad pública civil.

A partir del próximo lunes, diputados y senadores tendrán en sus votos la posibilidad de establecer una Guardia Nacional dominada por mandos y estrategias militares o buscar una donde los civiles se encarguen de la Seguridad Pública, modelo que lamentablemente ha fracaso.

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