En la primera semana de este 2022, entró en vigor el decreto que permite a los 217 ayuntamientos de Puebla contraer deuda pública para la construcción de obras sociales. Tendrán a su alcance una bolsa global por más de 3 mil 235 millones de pesos.
El lunes 3 de enero se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) la disposición que fue aprobada por el Congreso local, a fin de que los presidentes tengan “manga ancha” para contratar líneas de crédito bancarias durante sus gestiones.
Según lo establecido en el decreto, los alcaldes podrán acceder al equivalente a 25% de los recursos que corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por adelantado y tendrán hasta septiembre de 2024 para finiquitar los préstamos.
El tope de endeudamiento de cada Ayuntamiento dependerá de su densidad poblacional. En el caso de Puebla capital, el gobierno de Eduardo Rivera Pérez podrá solicitar hasta 162.3 millones de pesos, distribuidos en uno o varios créditos.
Mientras tanto, los alcaldes Paola Angon Silva, de San Pedro Cholula y Edmundo Tlatehui Percino, de San Andrés Cholula, podrán acceder a líneas crediticias de 32 y 21.9 millones de pesos, respectivamente.
En vista de que los tres ediles de la zona conurbada no fueron autorizados para cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP) durante este año, podrían recurrir a los recursos del FISM para la instalación de la red de electricidad rural.
El fondo también contempla obras para combatir el rezago social, como la instalación de líneas de conducción de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, caminos rurales, infraestructura de salud, educativa y mejoramiento de la vivienda.
Por: Vera Fernández
Editor: Guillermo Castillo
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