Sector público, organizaciones sociales y academias deben colaborar para hacer frente a la crisis socioambiental y sus múltiples tentáculos. Así lo convino una mesa de expertas que se reunió en la IBERO Puebla para trazar un mapa de ruta, para la entidad, con base en las capacidades y responsabilidades de cada actor.
Beatriz Manrique, secretaria del Medio Ambiente en Puebla, reconoció que la legislación es el principal reto al que se enfrentan los gobiernos estatales en cuanto al cambio climático. De acuerdo con la funcionaria, el sector público se concentra más en la gestión de proyectos que en su ejecución, ya sea por falta de capacitación o porque las iniciativas se atascan en la desazón de la burocracia.
Es así que la sociedad civil juega un papel fundamental en el salto del papel a la acción. Adriana Lobo, directora ejecutiva del World Resources Institute México (WRI México), identificó tres grandes transiciones que deben ocurrir en las grandes ciudades: el abandono de energías contaminantes; un reajuste en el ordenamiento urbano; y el uso responsable de suelo y agua.
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Los gobiernos estatales tienen gran incidencia en la regulación de las ciudades, mayor que el de las autoridades federales. La movilidad, las edificaciones y la gestión de residuos son tres aristas en las que alcaldías y gobernaturas deben incidir para reducir la huella de carbono. “El reto de la transversalidad de la política es enorme. Las secretarías de medioambiente son más pequeñas”.
Aunque de acuerdo con las limitaciones de su área en la incidencia pública, Beatriz Manrique recordó que Puebla cuenta con instancias como la Dirección de Gestión de Riesgos —única en su tipo a nivel nacional— que buscan colocar el cambio climático como asunto prioritario en el Congreso.
Resulta imposible responder al calentamiento global si se continúa perpetuando el modelo basado en la extracción de recursos naturales y la consecuente generación de residuos. Así lo manifestó Valentina Campos, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la IBERO Puebla.
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Es necesario comprender las vulnerabilidades desde una perspectiva heterogénea, pues la crisis climática, si bien global, se vive de manera diferenciada por diferentes grupos sociales. Si bien la académica reconoció los avances institucionales, también observó: “No podemos pensar que es meramente un asunto ambiental. La secretaría tiene que trabajar en concurrencia y sensibilidad con otras políticas públicas”.
Mientras que al gobierno estatal le corresponde articular y coordinar esfuerzos desde todos los frentes, las organizaciones civiles tienen la tarea de dar voz a quienes sufren los estragos de la crisis socioambiental. Algunas de ellas visibilizan las problemáticas; otras, se convierten en vallas de contención frente a proyectos extractivistas.
En el caso de la WRI, la misión se enfoca en construir puentes entre las academias y los gobiernos para poner en práctica el conocimiento científico. Aseguró Adriana Lobo: “El cambio climático sigue siendo un tema de pocos. […] Es muy importante cómo se aterriza en el día a día”.
Encomienda similar tienen las universidades. Valentina Campos señaló que los espacios educativos deben generar análisis permanentes sobre la situación climática a nivel local y global y velar por la aplicación de los marcos legales ya existentes. La invitación, reiteró, es a apropiarse de los gritos de auxilio emanados principalmente de defensores del territorio y activistas jóvenes.
Por Redacción
Editora: Brenda Balderas
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