Con la renuncia de Armando Ríos Piter a la rectoría de la UDLAP, ya no hay pretextos para que se retomen las clases presenciales y para que la falta de éstas se siga utilizando como forma de presión para resolver los litigios en el caso del desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins.
Así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien dijo respetar y valorar la decisión de Ríos Piter, ya que lo hizo de “buena fe”, para contribuir en la solución del conflicto y que ya no haya más “obstáculos” que impidan el retorno de las actividades presenciales.
“Siguen despejándose los obstáculos que dicen que había para que ya no haya forma de seguir argumentando y utilizando estas acciones como formas de presión para resolver litigios”, expresó.
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Por ello indicó que los litigios deben seguir su curso legal, mientras que la universidad tiene que asumir las condiciones de normalidad para reactivar todas las acciones académicas que les corresponden.
Barbosa Huerta comentó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal todavía no se ha presentado en el campus de la UDLAP para certificar la apertura de las instalaciones y condiciones, pues dijo que todavía no ha sido notificada formalmente del exhorto judicial del 1 de febrero.
Sin embargo, subrayó que la dependencia tiene toda la disposición de desplegar las acciones administrativas que tengan como propósito que los estudiantes y personal retomen sus actividades presenciales.
Por Alejandra Olivera
Editora: Brenda Balderas
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