La bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado impulsa una iniciativa para que los agresores de mujeres y deudores alimentarios estén impedidos de ejercer cargos públicos en Puebla.
La propuesta fue presentada por los diputados locales Iván Herrera Villagómez y Daniela Mier Bañuelos, quienes plantean diversas reformas a distintos ordenamientos legales del estado, en materia de servidores públicos.
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Entre las modificaciones, se establece como requisito para ser titular de dependencias o entidades en gobiernos municipales “no tener antecedentes de violencia de género, familiar, sexual o ser deudor alimentario”.
El mismo criterio se aplica para poder desempeñarse como agente del Ministerio Público y Oficial Subalterno en la Fiscalía General del Estado (FGE); así como magistrado, juez y secretario en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Las personas agresoras tampoco podrían ocupar cargos al interior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); además se estipula no tener antecedentes de violencia para convertirse en presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH).
En la argumentación de la iniciativa, los legisladores de Morena consideraron necesario garantizar que ningún violentador tenga acceso a altos mandos, ya que entre sus funciones está la elaboración y gestión de la administración pública.
Con dichas reformas se endurecerían los “candados” para acceder a cargos públicos, pues en las reformas electorales del 2020 se estableció que las personas sancionadas por violencia de género o deudoras alimentarias no pueden ser candidatas a alcaldías, regidurías o diputaciones.
La propuesta de Herrera Villagómez y Mier Bañuelos se presentó días después de que Michel Chaín Carrillo renunció como titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, tras ser acusado por golpear a su expareja sentimental.
Por Vera Fernández
Editor: Iván Betancourt
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