¿Qué motiva a Barbosa quitarle a Claudia Rivera la seguridad pública?

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El documento reitera que los cuerpos de Seguridad Pública del Ayuntamiento capitalino acatarán las órdenes que Barbosa Huerta

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta renovó el decreto mediante el cual su administración asume la seguridad pública en el municipio de Puebla, pues considera que hay circunstancias de “alteración grave” al orden público.

El año pasado, el mandatario poblano advirtió que Puebla Capital, representa uno de los objetivos prioritarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana, ante el atractivo de ganancias económicas que genera la extracción ilícita de combustible o “huachicoleo”.

Por ello, emitió aquel decreto que tenía una vigencia de un año; sin embargo, el Ayuntamiento presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que negó a la Comuna la medida cautelar para impedir que el gobierno estatal tomará el control de las fuerzas del orden.

El documento reitera que los cuerpos de Seguridad Pública del Ayuntamiento capitalino acatarán las órdenes que Barbosa Huerta les trasmita o por conducto de quien designe para tal efecto, en todo el territorio del municipio de Puebla, incluyendo sus juntas auxiliares.

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Entre los factores que llevaron a Miguel Barbosa intervenir el mando municipal destaca:

-La inseguridad que se registra en las zonas de mercados municipales, en donde la delincuencia común ha transitado a organizaciones dedicadas a la venta de drogas, cobro de piso, prostitución, robos, venta de productos robados, pornografía, entre otros ilícitos.

-La presencia del crimen organizado en la entidad es un hecho público y notorio en el estado, pero en la Capital del Estado se han registrado ejecuciones, abandono de cuerpos, feminicidios y un aumento inusual en el robo de automóviles con violencia.

-La inseguridad en la capital tiene entre una de sus causas la ausencia de supervisión y controles en las acciones en materia de seguridad, propiciando actos de corrupción e impunidad vinculados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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