México se ha convertido en el escenario de múltiples batallas, entre ellas la de López Obrador contra la Suprema Corte. Para mala fortuna de todos, el Poder Judicial de la Federación se tiene bien ganada la embestida que actualmente enfrenta por haber sido incapaz de frenar, ipso facto, los apetitos autoritarios que, con el paso del sexenio, se han convertido en grotesca gula presidencial.
Hace tres años los ministros de la Suprema Corte de Justicia estaban discutiendo uno de los mayores absurdos que hayan salido de las oficinas de la 4T: la consulta popular para juzgar a los ex presidentes.
La máxima instancia jurisdiccional de este país, entonces dirigida por Arturo Zaldívar, no se atrevió a desechar el proyecto a favor de la presunción de inocencia, imponiendo la Constitución sobre el vulgo lopezobradorista, renunciando a mostrar a propios y extraños que en México ni la impunidad ni la procuración de justicia admiten permiso popular.
Por el contrario, el tribunal constitucional le abrió sus puertas a la democracia y a todo lo que ello implica. Semejante acto no pasó desapercibido en este espacio, en mi columna “La Corte del pueblo”, publicada el 1º de octubre del 2020, compartía con usted lo que sigue:
“Ganando con la democracia la Corte saldrá perdiendo a la larga. Negar su naturaleza conservadora y dejar al descubierto su debilidad frente a la injerencia presidencial convertirán su espíritu aristocrático, la única fuente de su legitimidad, en su mayor enemigo interno: la SCJN se diseñó para aniquilar los humores populares en defensa de los valores de la República y el Derecho; ¿qué tan conscientes serán los ministros que mañana le otorgarán constitucionalidad a la consulta de que le están abriendo las puertas de la Judicatura a una forma de gobierno pro tempore que nada tiene que ver con el mérito y la inamovilidad?”
El guiño democrático de los ministros les salió carísimo cuando la judicatura tuvo que salir a suspender definitivamente las obras ecocidas del Tren Maya; o cuando el pleno de la Corte, en defensa de la Constitución, mantuvo el mando civil de la Guardia Nacional; por no hablar de cuando los ministros invalidaron el Plan B en materia de reforma electoral como resultado del curso de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos de oposición.
Detrás de cada resolución las huestes lopezobradoristas se plantaron a las puertas de la Corte, exigiendo que el pleno actuara conforme a la democracia y no al Derecho. Y hasta cierto punto el reclamo lleva la razón por el mango: si con la consulta para juzgar a los ex presidentes los ministros reaccionaron popularmente, ¿por qué no debían hacerlo con el Tren Maya o con la reforma electoral de López Obrador?
No obstante, el daño está hecho. Andrés Manuel, aprovechándose de la precarización educativa de su base electoral, ha logrado poner a la Corte tras las trancas del pueblo pues hoy, millones junto con él, aseguran que los trabajadores del Poder Judicial salieron a las calles a “defender sus privilegios” en vez de sus derechos. ¿Sabrá alguno de estos adictos al discurso presidencial que el poder que hoy flagelan es el único que podría salvarlos de una arbitrariedad gubernamental?
Por Enrique Huerta
