Revive Congreso de Puebla el análisis de la “Ley Ingrid”

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Foto Agencia Esimagen.

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Puebla retomó la iniciativa de la “Ley Ingrid” para sancionar hasta con 15 años de prisión la filtración de imágenes, videos o información reservada sobre casos de feminicidios y violencia sexual.

La propuesta fue presentada este jueves durante sesión ordinaria del Pleno por la coordinadora del grupo parlamentario del PT, Nora Merino Escamilla, quien busca homologar las reformas federales que se aprobaron en la Cámara de Diputados en el mes de marzo.

La legisladora plantea modificaciones al artículo 422 del Código Penal del Estado para establecer de 4 a 10 años de cárcel a quien difunda imágenes, audios, videos, documentos o información reservada sobre personas que hayan sufrido violencia física o sexual.

Además se contemplan multas económicas que van de 100 a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 9 mil 622 hasta 14 mil 433 pesos.

Sin embargo, las sanciones podrían incrementar hasta en 50 por ciento cuando la información filtrada sea sobre casos de mujeres, niños, niñas o adolescentes, por lo que se castigaría con penas 6 a 15 años de prisión; así como multas de 14 mil 433 a 21 mil 649 pesos.

La diputada Nora Merino recordó que la iniciativa parte del feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años originaria de Puebla que fue asesinada por su pareja sentimental en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020.

El caso provocó gran impacto debido a que servidores públicos filtraron diversas imágenes y videos en los que se exponía el cadáver desollado de la mujer, material que fue difundido en redes sociales y retomado por medios de comunicación amarillistas.

A partir del hecho, distintos Congresos locales, así como la Cámara de Diputados, legislaron para evitar dichas prácticas de revictimización al difundir información, datos o pruebas de las investigaciones.

La propuesta de Merino Escamilla fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.

Por: Vera Fernández
Editor: Guillermo Pérez Leal

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