Se acabó “el cochinito legislativo”, dice Biestro en segundo informe

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El presidente del Congreso Local resaltó las acciones que se implementaron en el Poder Legislativo. // Foto: Agencia EsImagen.

Por Vera Fernández

En el Congreso de Puebla ya no se amenaza a los diputados que piensan diferente, no se acalla a los partidos de oposición, no se compran votos de los representantes populares con “sobres regordetes de dinero” y se terminó con la repartición de partidas extraordinarias.

Así lo sentenció el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, al rendir el Segundo Informe de Actividades de la Sexagésima Legislatura este jueves, donde también reveló que en marzo pasado interpuso una denuncia por la malversación de 8 millones de pesos.

Aunque no pudo asistir a la Sesión Solemne por ser positivo a Covid-19, el coordinador de la bancada de Morena aseguró, a la distancia, que el actual Poder Legislativo es uno de los más austeros y productivos en la historia del estado, pues precisó que han desarrollado 67 sesiones públicas y presentado 839 iniciativas.

Resaltó la aprobación de la Ley Estatal de Educación, la eliminación del fuero constitucional, las reformas electorales, la tipificación de violencia política de género y las reformas en materia de paridad de género, como las modificaciones a las leyes locales más importantes que se han realizado.

Asimismo, señaló que la pandemia por Covid-19 es uno de los retos más difíciles a los que se ha tenido que enfrentar la actual Legislatura, inclusive mayor a la designación de un gobernador interino y al desarrollo de una elección extraordinaria.

Biestro Medinilla hizo hincapié en que al interior del Congreso local existe libertad y democracia, a diferencia de la era del morenovallismo, por lo que aseguró que los llamados “cochinitos legislativos” y “cañonazos” ya no son una práctica de la coalición Juntos Haremos Historia.

En ese sentido, dijo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) tras detectar un posible desvío de 8 millones de pesos, aunque no precisó en cuál legislatura se habría efectuado dicha malsversación.

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