El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que ya hay sentencias en contra Leonardo Tiro Moranchel, responsable del fraude millonario a miles de familias a través de su empresa Grupo Sitma, pero resaltó que el caso es competencia del Poder Judicial del Estado.
Esto luego de que Tiro Moranchel, quien se encuentra recluido en el penal de Tepexi de Rodríguez, difundiera una carta en la que pide a los afectados que lo perdonen, pues dice que es el único camino para lograr el desaseguramiento de los bienes inmuebles que le fueron incautados y comenzar la reparación de daños, con lo cual además saldría de prisión.
Al respecto el mandatario poblano, enfatizó que si los afectados consideran que la propuesta es un nuevo intento de fraude, no acepten la propuesta.
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Añadió que ya hay una sentencia sobre este caso que incluye procedimientos de pago de reparación del daño ante el Poder Judicial, situación en la que el Ejecutivo no interviene.
Según la carta difundida, Tiro Moranchel aseguró que los primeros a los que les realizará las devoluciones de lo invertido sería a quienes aportaron montos menores, como “ancianitos, enfermos, madres solteras y minusválidos”.
Posteriormente lo hará a quienes entregaron montos medianos y a personas con convenio de pago ante la correduría pública, y finalmente cubriría las deudas mayores.
Acumulan más de 10 sentencias condenatorias
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha determinado que durante 2009 y 2010 los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, así como otros directivos de la Inmobiliaria SITMA recibieron dinero en efectivo de personas ante la promesa de recibir altos rendimientos, sin embargo, esto no sucedió y las víctimas denunciaron haber sido defraudados con cheques sin fondo.
Como parte de las investigaciones se determinó el decomiso de bienes inmuebles en favor de la reparación del daño de más de 8 mil afectados.
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Hasta marzo de 2022, la Fiscalía ha alcanzado más de 10 sentencias condenatorias contra los hermanos Leonardo y Edmundo.
En las dos sentencias más recientes, la autoridad judicial impuso una pena privativa de la libertad de 29 años 4 meses de prisión para cada uno, quienes además deberán cumplir con multas de mil 750 días de salario mínimo –es decir más de 168 mil pesos– y la reparación del daño sin beneficio de fianza.
Por Alejandra Olivera
Editora: Brenda Balderas
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