CDH emite recomendación al alcalde de Tepeojuma por agresión a ciudadano

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La CDH Puebla contó con elementos suficientes para acreditar la agresión así como omisiones en los procedimientos// Foto Internet

Por Erika González

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la recomendación 19/2020 dirigida al Presidente Municipal de Tepeojuma por la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y trato digno.

Lo anterior tras haberse evidenciado que en 2019, servidores públicos del municipio detuvieron a una persona por haber cometido una falta administrativa, y ya en las instalaciones de la Comandancia municipal, no se llevara a cabo el procedimiento administrativo correspondiente y fuera agredido físicamente por elementos de la policía municipal.

Del análisis de las evidencias que integran el expediente 3502/2019, la CDH Puebla contó con elementos suficientes para acreditar la agresión así como omisiones en los procedimientos, ya que la persona detenida no fue puesto a disposición ante la autoridad competente, no se le practicó una valoración médica, no se le dieron a conocer sus derechos, no se le dio oportunidad de realizar las manifestaciones en su defensa y/o aportar pruebas y además le fue aplicada una multa, la cual tuvo que pagar como condicionante para obtener su libertad.

Al violarse los derechos humanos por parte de los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tepeojuma, el organismo procedió a recomendar sea devuelto la cantidad de dinero que el agraviado pagó por concepto de multa, en virtud de que la misma no fue impuesta en el marco de un procedimiento administrativo apegado a ley, además se proporcione al agraviado, atención psicológica que restablezca su salud emocional de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos.

Asimismo el organismo recomendó que se actualice el Bando de Policía y gobierno de Tepeojuma y a través de la Contraloría Municipal se proceda a la investigación en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se tendrá que ofrecer una disculpa pública a la víctima, en un plazo máximo de 90 días naturales.

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