Por Vera Fernández
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local impulsa una iniciativa para castigar hasta con cinco años de prisión las terapias de conversión en Puebla, las cuales buscan “cambiar” la orientación sexual de las personas.
La propuesta de ley fue presentada por el diputado Jonathan Collantes Cabañas, quien plantea adicionar el artículo 225 Ter al Código Penal del Estado, con el objetivo de que dichas terapias puedan ser consideradas como un delito contra la intimidad sexual.
Sobre el tema, el legislador señaló que las llamadas terapias de conversión atentan contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de las personas con preferencias sexuales diversas, lo que puede convertirse en un acto de tortura y discriminación.
Asimismo, refirió que los integrantes de la comunidad LGBT se ven sometidos por sus familiares para tomar las terapias, ya que son víctimas de tratos crueles, discriminatorios y homofóbicos en su mismo entorno, razón por la que ya es considerado como un delito en la Ciudad de México.
Por lo anterior, la iniciativa de Collantes Cabañas establece penas de dos a cinco años de cárcel, así como 100 a 200 horas de trabajo comunitario:
“A quien imparta u obligue a otra persona a recibir, tomar o acudir a una terapia de conversión, que son aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar, cambiar o menoscabar la expresión o identidad d género, así como la orientación sexual de una persona, en las que se emplea violencia o se realizan tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana”.
En caso de que la terapia de conversión se realizara en una persona menor de edad o en una persona incapaz, la pena se aumentará en una mitad, es decir, hasta siete años y medio de prisión, además de que el delito se perseguirá de oficio.
La propuesta del diputado priísta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Poder Legislativo, para su análisis y posible aprobación.
