Tinder te discrimina si tienes más de 30 cobrándote tarifas más altas

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Tinder te discrimina si tienes más de 30 cobrándote tarifas más altas
Un juez del Estado de California falló que la política de facturación de Tinder discrimina a los usuarios mayores de 30 años en busca de pareja en la aplicación.

Un juez del Estado de California falló que la política de facturación de Tinder discrimina a los usuarios mayores de 30 años en busca de pareja en la aplicación, pues les cobra tarifas más caras que a los más jóvenes.

Los usuarios del servicio premium de la aplicación que llegaron a la treintena deben pagar unos 19,99 dólares por mes, mientras que los que tienen entre 18 y 29 pagan unos 9,99 o 14,99. La empresa, según el fallo del 29 de enero emitido por un juez de apelaciones del Estado de California.

 

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En sus alegatos, Tinder fundamentaba que su política de precios “no constituía una discriminación arbitraria u odiosa porque estaba basada en estudios de mercado que demostraban que los ‘usuarios más jóvenes’ tienen ‘presupuestos más ajustados’ y necesitan un precio menor para ‘apretar el gatillo'”. En una primera instancia, el fallo de una corte del condado de Los Angeles fue favorable a la empresa.

A criterio de la corte de apelaciones, imponer precios distintos viola la ley de Derechos Civiles de California, así como la ley Unruh, “todas las personas dentro de la jurisdicción del Estado son libres e iguales” y deben gozar de las mismas condiciones ante los negocios de cualquier tipo.

 

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“No importa qué demuestre la investigación de mercado de Tinder sobre el ingreso relativo y las ganas de pagar por el servicio de los usuarios más jóvenes como un grupo comparado con las generaciones mayores, algunos individuos no se ajustarán al molde. Algunos consumidores más viejos estarán con un ‘presupuesto más ajustado’ y con menos ganas de pagar que algunos en el grupo más joven”, indica el veredicto.

El documento concluye que la primera instancia erró en dar la razón a Tinder, pues “nada en la demanda sugiere que haya una política pública sólida que justifique el supuesto precio discriminatorio”.

 

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