Ubican al menos 12 poblanas víctimas de sustracción de menores

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Foto: Pxhere

Al menos 12 mujeres poblanas –acogidas por organizaciones civiles– son víctimas del delito de sustracción de menores, pues sus exparejas sentimentales les arrebataron la custodia de sus hijas e hijos sin que existiera una orden judicial de por medio.

Además de sufrir la llamada violencia vicaria, las madres de familia deben enfrentarse a procedimientos judiciales para recuperar la guarda y custodia de sus pequeños, quienes fueron separados de ellas por rencillas entre ambos progenitores.

Los colectivos CAM-CAI y el Frente Nacional de Mujeres se encargan de brindar apoyo y acompañamiento a las poblanas se encuentran impedidas de convivir con los menores de edad, quienes, a su vez, viven en una situación familiar inestable.

De acuerdo con Luz Arrendodo, integrante de la Colectiva de Amorosas Madres en Contra de la Violencia Vicaria (CAM-CAI), esta organización ayuda a cinco mujeres que han denunciado sustracción de menores en Puebla; mientras que en el Frente Nacional hay siete más.

Proponen reformar sustracción de menores

Ante la situación que afecta principalmente a mujeres y niños en la entidad poblana, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, busca encarcelar a los padres de familia que incurran en sustracción de menores por conflictos maritales.

A través de una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado, la legisladora plantea reformas al artículo 283 del Código Penal, con el objetivo de garantizar que los menores no sean separados de sus madres o tutores legales, salvo que exista una resolución judicial que ordene la separación.

“Comete el delito de sustracción de menores el padre o la madre que con motivo de sus conflictos y sin causa justificada prevista en la ley o resolución judicial, prive de la convivencia a un menor de edad de su progenitor”, establece la propuesta.

La sustracción se castiga con dos a cinco años de prisión; así como multas económicas que pueden ir desde 9 mil 622 hasta 96 mil 220 pesos.

Tras su presentación en el Pleno, las modificaciones fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.

Por: Vera Fernández
Editor: Guillermo Pérez Leal

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