Por Vera Fernández
Los funcionarios públicos que se nieguen a proporcionar resultados de exámenes toxicológicos o de alcoholemia con el fin de entorpecer investigaciones, serán sancionados con cárcel y multas en Puebla.
Así lo plantea una reforma que fue aprobada este miércoles por los diputados de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado, la cual busca modificar el artículo 421 del Código Penal.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, bajo la premisa de que los exámenes de drogas o alcohol sirven para determinar la culpabilidad en determinados delitos y vincular a proceso a los responsables con mayor facilidad.
En ese sentido, su propuesta establece que los peritos, policías o cualquier servidor público que se niegue a incluir los resultados de las pruebas toxicológicas, estaría incurriendo en un delito contra la procuración y administración de justicia
Al obstruir el curso de las investigaciones, los funcionarios podrían ser sancionados administrativas y recibir penas que podrían ir desde tres a 10 años de prisión, según plantean las reformas impulsadas por el mandatario estatal.
Una vez avalado en comisiones, el dictamen deberá ser discutido y aprobado por los 41 diputados que conforman el Pleno, antes de que las modificaciones puedan entrar en vigor.
