Por Enrique Huerta
¿Quiénes son los responsables detrás de la tragedia de San Pablo Xochimehuacán? ¿Los pobladores que callaron por temor a represalias mientras una flotilla de pipas, a la vista de todos los vecinos, entraban y salían de un predio que albergaba una toma clandestina? ¿La Guardia Nacional que ha resultado perfectamente incapaz de capturar a un conejo en una madriguera? ¿El Ayuntamiento a cargo de la inefable gestión de Claudia Rivera que a pesar de que fue advertido de la actividad delictiva optó por la omisión y la corrupción como respuesta? ¿Será responsable Paulo César Juárez González que, en su calidad de presidente de la junta auxiliar, se conformó con tocar la puerta de la Dirección de Atención Vecinal y Comunitaria para advertir sobre la comisión de un delito federal en septiembre de 2020? ¿Por qué fue incapaz de poner un pie en la Fiscalía General del República para velar por la seguridad de sus electores y hacer cumplir la ley? ¿Dónde está la carpeta de investigación que lo exime de culpabilidad directa ante los lamentables hechos que todos conocemos?
¿Quiénes son los responsables? ¿Serán las autoridades que han tolerado la cadena de distribución de gas clandestino que ni siquiera ha enfrentado la necesidad de esconderse, en todo el estado los puntos de venta son de dominio público; o en su defecto, serán los ciudadanos que por la fuerza de sumiseria han alimentado unaoferta criminal cargando 100 o 200 pesitos de guachigas como si se tratara de tiempo aire de su celular?
Te puede interesar: La BUAP en la pandemia
La omisión es la forma de corrupción más letal y descarada de todas: un muerto, quince heridos —la mitad de gravedad—, 183 viviendas afectadas, alrededor de 305 personas que aún permanecen en los albergues del DIF porque la explosión les arrebató sus casas y sus pertenencias para siempre. Y mientras la inmensa mayoría de los poblanos —incluyendo los asiduos consumidores de guachigas— está en los panteones con sus fieles difuntos o en sus fiestas de Halloween con sus cuates; los damnificados de una toma clandestina exigen justicia y reparación de los daños. Les tengo una buena y otra mala: seguramente la reconstrucción de sus inmuebles escapará a los controles de la austeridad republicana y será costeada por los contribuyentes; pero no sean ilusos, no esperen justicia, “en el sistema burocrático —decía con vehemencia Hannah Arendt— hay mucha gente que puede demandar una explicación, pero no hay nadie para darla, porque a nadie puede tenerse por responsable”.No importa el tamaño del compromiso o la seriedad detrás de las investigaciones que emprendanlas fiscalías; en estos caos la gravedad de las penas nunca alcanzan a todos los implicados de la trama.
De hoy en adelante San Pablo Xochimehuacán representa una advertencia de lo que ocurrirá una vez más, irremediable y fatalmente, en donde quiera que exista un ducto de Pemex si la impunidad, la tolerancia criminal y la omisión institucional se mantienen como hasta ahora. Ojalá y esta sea la última tragedia, pero francamente lo dudo.
